Por otra parte, mencionó que -según lo establecido en el contrato y la Constitución- toda la negociación debe estar auditada por la Contraloría paraguaya. En ese sentido, Argentina presentó la auditoría correspondiente, que habla sobre la existencia de la deuda. Sin embargo, la Contraloría paraguaya no tuvo la posibilidad de realizar la verificación y en el informe remitido por el entonces presidente Horacio Cartes se mencionaba que contrataron una empresa privada para dicha labor. “El Estado paraguayo no podía haber aceptado una deuda dibujada por una empresa privada que no sabemos ni quién es”, refirió Masi.

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Además, mencionó que el tratado establece la proporcionalidad de acuerdo al consumo de potencia y energía e informó que Argentina consumió el 98% de la energía producida. “Es decir, ¿cómo Paraguay puede tener una deuda?”, subrayó. Por otra parte, aclaró que hasta el momento, el presidente Macri aún no remitió al Congreso las notas, por lo que el tratado aún no estaría perfeccionado.

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Según los antecedentes, en virtud del acuerdo sobre notas reversales, Paraguay está obligado –entre otras cosas– a seguir cediendo a la Argentina la energía de Yacyretá que no utiliza, a un precio ínfimo: US$ 11 el MWh, que –inclusive– se cree que puede perjudicar la posición paraguaya en Itaipú, donde se pretende lograr el anhelado “precio justo” por nuestra energía.