El anuncio fue hecho por el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño. Lo que los diputados logran con esta medida es dilatar aún más el tratamiento de los pedidos de pérdida de investidura que existen en la Cámara Baja vinculados a legisladores que tienen procesos abiertos.
Los legisladores quieren reglamentar ahora con qué mayoría van a tratar los casos de pérdida de investidura: con 41 votos, mayoría simple, o absoluta, que son 53 votos. Cabe recordar que este proceso nunca se dio en Diputados pero sí en el Senado, en donde se necesitaba mayoría simple, como lo exige la Constitución.
Ávalos Mariño dijo estar de acuerdo con el voto por mayoría simple, pero que sus colegas indicaron que se necesitaban unas “reglas de juego”. “En Mesa Directiva llegaron a un acuerdo de que previamente se necesitan reglas de juego. Entendemos que hace falta una resolución previa en donde se determine el procedimiento, la mayoría aplicable. Hubo el compromiso de todas las bancadas de acercar las propuestas a la Mesa Directiva de aquí a ocho días”, informó en conferencia de prensa recogida por ABC Cardinal.
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De acuerdo al legislador, se necesita “por lo menos” una “acción que permita avanzar”. Esta resolución debe ser aprobada nuevamente por el pleno. Así, el ciclo se hace más lento. “La discusión pasa más que nada por la mayoría aplicable; algunos dicen que debe ser mayoría absoluta y otras que debe ser mayoría simple. Entonces, antes de entrar al tratamiento de los pedidos concretos tenemos que saber qué mayoría vamos a aplicar”, explicó.
De nada sirvió la nota presentada este lunes por la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache, que pidió celeridad en el tratamiento de estos casos. El presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), ya reconoció que no deberían existir más argumentos que impidan tratar la pérdida de investidura de los legisladores acusados y procesados por la Justicia.
El diputado de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista) fue procesado por inscribir como funcionarios públicos del Congreso a los empleados particulares de sus negocios y propiedades (similar a los “caseros de oro” de José María Ibáñez).
El altoparanaense Carlos Portillo (PLRA, efrainista) fue grabado pidiendo coima para hacer tráfico de influencia y conseguir una sentencia judicial favorable.
Otro diputado esteño, Ulises Quintana (ANR, Añetete), fue procesado por supuestamente financiar su campaña electoral con el dinero del líder narco Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”. Los tres tienen pedidos de pérdida de investidura.