Representantes del Congreso se movilizaron esta mañana ante una supuesta reposición del exministro en el cargo de ministro de Corte, lo cual está en litigio hace años. En la fecha, se reunieron con representantes de la Corte Suprema para aclarar la situación, donde le informaron que la última resolución vigente dejó sin efecto la supuesta reposición.
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La confusión se debió a un hecho irregular, pues recientemente miembros de la Corte resolvieron sobre las costas del juicio del caso Ríos Ávalos. Esa resolución -que no tiene nada que ver con el fondo del caso- fue aprovechada por la abogada Sara Parquet, que pagó a un ujier de la Corte Suprema de Justicia para que notificara sobre esa resolución y, de paso, adjuntara una antigua acción de inconstitucionalidad del 2009, que favoreció al exministro. No obstante, indicaron que, para evitar “ambigüedades”, esperan una respuesta formal del Poder Judicial.
“Eso (se refiere a la resolución para la restitución) fue dictado el 30 de diciembre de 2009; como consecuencia de esto, se reunió el 2 de enero del 2010 el Congreso Nacional, donde dio a reconocer una resolución donde rechaza lógicamente lo actuado por los entonces camaristas, en representación de la Sala Constitucional, y claramente establece la competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional en el tema de juicio político”, relató Llano.
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“El 5 de enero (de 2010) sale una resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia en que ellos, en su resolución, claramente dicen que carecen de validez los alcance previstos en el acuerdo y sentencia dictado por ese tribunal”, continuó. Esta resolución es la que sigue vigente y, por ende, no existe disposición nueva para reponer en el cargo a Ríos Ávalos.
“Nos resulta nomás muy llamativo que justo ahora, cuando se está por dirimir el juicio de Bonifacio Ríos en tribunales internacionales, surja un documento tan ambigüo”, agregó Llano, que insistió en que esperan que salga una postura “institucional” de la Corte.
“Nosotros estamos esperando una aclaratoria de la Corte, para nosotros lo que está vigente es la resolución del 5 de enero de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no podemos presumir que esto ya no existe, que fue dejado de lado. Mientras exista esto, esa es nuestra posición”, insistió.
El senador Enrique Bacchetta, por su parte, alertó que “esta confusión puede generar una crisis de Poderes y que Paraguay vaya sin ninguna posibilidad de triunfar en ante el tribunal interamericano por esta ambiegüedad que existe”, atendiendo que el caso está en litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo que debería hacer la Corte es estar a lo dispuesto por la misma Corte Suprema en fecha 5 de enero de 2010 y con esto queda sanjada la resolución”, agregó Bacchetta.
