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Corte hace efectiva suspensión del JEM

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
Manifestantes se movilizaron en el Palacio de Justicia de CDE. Colocaron muñecas con manchas rojas y de manos en las zonas genitales.
Manifestantes se movilizaron en el Palacio de Justicia de CDE. Colocaron muñecas con manchas rojas y de manos en las zonas genitales.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio lugar al pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para suspender sin goce de sueldo a los camaristas de Ciudad del Este investigados porque liberaron a un expolicía condenado por abuso sexual infantil.

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La Corte resolvió hoy hacer efectiva la suspensión, sin goce de sueldo, solicitada por el JEM al abrir la investigación contra los jueces de Alto Paraná Isidro González, Aniceto Amarilla y Mirian Meza, quienes otorgaron arresto domiciliario al expolicía condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra, informó el periodista de ABC Color Carlos Ortega.

Los camaristas argumentan su decisión en que el procesado ya compurgó con prisión preventiva la pena mínima por el hecho punible por el que fue condenado y se debe esperar que la sentencia quede firme para que retorne a la cárcel.

Leer también: JEM enjuicia a jueces que liberaron a condenado por abuso

El Jurado decidió enjuiciar a los camaristas el miércoles pasado en sesión extraordinaria y, por sorteo, el abogado Celso Ayala fue designado como fiscal acusador en el proceso.

La Corte también había ordenado una auditoría a la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este que revocó la prisión preventiva. El condenado es un expolicía de la Interpol que fue condenado el mes pasado en juicio oral y público a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra desde los 9 hasta 12 años de edad.

El Tribunal de Sentencia fue integrado por Evangelina Villalba, Óscar Genes Ayala y Alba Meza, quienes levantaron el arresto domiciliario que pesaba sobre el exagente y dispusieron que sea trasladado a la penitenciaría regional de Ciudad del Este, pero con la figura de la prisión preventiva. La abogada de la familia de la víctima, Nilda Benítez, consideró que los jueces se equivocaron al ordenar la prisión preventiva en vez de un auto de prisión.

El caso tomó estado público luego de una serie de movilizaciones de organizaciones civiles que reclamaban que el expolicía vuelva a ser encarcelado.

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