Tras la llegada de la comitiva de unos 1.500 uniformados, dos carros hidrantes y un helicóptero, se registraron discusiones entre las partes y hubo una fuerte tensión ante el eventual uso de la fuerza policial. Después de varias conversaciones, los labriegos llegaron a un acuerdo que consistió en abandonar el predio a cambio de la investigación inmediata sobre la situación de los documentos de las tierras de parte del Indert y la rápida intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente.

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Los campesinos se asentarán en un terreno adyacente donde permanecerán en vigilia constante hasta solucionar el problema. Cabe mencionar que la disputa ocurre por la existencia de un decreto presidencial del año 1974, con el número 9.334, que “autoriza –en aquel entonces– al Instituto de Bienestar Rural (IBR) a la ocupación inmediata, mensura y loteamiento de tierras de propiedad privada perteneciente a la firma Paraguay Development Corporation, según títulos inscriptos en el Registro General de la propiedad como Fincas Nº 94 y 95 del distrito de Caaguazú”.