Esta iniciativa surgió en la esfera de la Comuna local, a raíz de la situación por la que atraviesa la Comisión de Carnaval, sobre la que pesa una orden judicial de intervención y suspensión de su personería jurídica.
El propósito es asegurar la continuidad de esta fiesta tradicional de la ciudad, que tiene más de 100 años de antigüedad, y es uno de sus principales atractivos turísticos durante el verano.
Una crisis que se desató en el seno de la comisión, con una deuda acumulada superior a los G. 20.000 millones que no se pudo justificar documentalmente, según una pericia contable ejecutada por la Municipalidad en su carácter de síndico titular de la Comisión del Carnaval, derivó en un pedido de intervención judicial y la supresión de sus potestades estatutarias promovida por la intendencia municipal.
El equipo, integrado por representantes de clubes y de los entes de gobierno regional, trabajará bajo la asesoría del arquitecto Jorge Hrisuk, actual concejal municipal de Encarnación (ANR), quien tiene la experiencia de haber ocupado la presidencia de la Comisión del Carnaval en años anteriores.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Este equipo se constituye en comisión organizadora a los efectos de llevar adelante la edición 2020 de los carnavales encarnacenos, independientemente del proceso legal que pueda enfrentar la Comisión de Carnaval, cuya presidencia es ejercida por José Nicolás Remezowski.
Antecedentes
El lunes 21, la Municipalidad de Encarnación, a través de su director jurídico, William Amarilla, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial un pedido de supresión de las potestades estatutarias de la Comisión de Carnaval y un pedido de auditoría de gestión, ante la “presunción grave de comisión de actos ilegítimos".
Esta acción legal fue el resultado de un pedido de informes de la Comuna sobre el estado financiero de la Comisión, con una deuda acumulada de más de G. 20.000 millones.
La Comisión del Carnaval presentó una lista de acreedores por una suma que asciende a G. 20.012.105.317, “pero sin la debida y suficiente documentación justificativa del origen, destino o persona autorizante de los componentes de esa cifra”, según la conclusión a la que arribó el equipo municipal encargado de evaluar el informe.
Por auto interlocutorio número 748/19/02, de fecha 23 del corriente, la jueza Angelina Vera Alfonso, interina del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, hizo lugar a la demanda y dispuso la “suspensión de las potestades estatutarias”, de la Comisión. Además, ordenó una auditoría para el estudio y análisis del origen, componentes y destino de los más de G. 20.000 millones que figuran como deuda.
El intendente municipal Luis Yd (Alianza) designó un equipo auditor integrado por el abogado Marcial Cantero, asesor jurídico de la Comuna, el economista César Verón y el contador Miguel Benítez, todos funcionarios de la Comuna.