El Tribunal de Apelación de San Lorenzo analizó el incidente de reposición con apelación en subsidio planteado por el intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, y retrotrajo la acción contra el jefe comunal. Con esto, el colegiado ordenó que el juicio sea reabierto y separó de la causa a la jueza de Garantías de la localidad de Lambaré, Ana Esquivel, quien en varias ocasiones se negó a dar la reapertura ante el pedido de la fiscal del caso, María José Pérez.
Este Tribunal calificó de “aberración jurídica” la actuación de la referida magistrada de Lambaré, que rechazó en varias ocasiones el pedido de reapertura de la causa del intendente, quien gozaba de un sobreseimiento provisional e intimaba a la presentación del requerimiento conclusivo.
Ahora el expediente pasará a manos de la magistrada Gladys Fariña, quien deberá notificar a las partes para la reiniciar la acción.
La fiscala de la causa, María José Pérez, indicó que la nueva jueza del caso deberá notificar a las partes para la reapertura de la causa y marcar una nueva fecha para la acusación correspondiente.
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“El Tribunal de Apelación pudo verificar una aberración jurídica de la jueza Ana Esquivel, de querer intimar al Ministerio Público para presentar su requerimiento conclusivo, antes de que ordene la reapertura de la causa”, explicó la representante fiscal.
Dijo que el tribunal favoreció a la Fiscalía, que cumplió con el debido proceso así como ordena la ley y aclaró que se saltó una etapa procesal importante, que es la orden de reapertura de la causa.
Ahora se aguarda la notificación formal del Tribunal a las partes y reiniciar la parte desde la reapertura de la causa, presentación de una nueva acusación y fijar una nueva fecha de audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral y público.
El intendente fue imputado por la Fiscalía después de que peritos hayan detectado sobrefacturaciones de varias obras realizadas con los recursos de Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), por más de G. 700 millones.
La investigación fiscal corresponde al primer periodo de gobierno del jefe comunal (2010-2015), Mendoza concluye el próximo año su segundo periodo consecutivo y nuevamente todos los balances de los cuatro años fueron rechazados y otra vez existen sospechas de sobrefacturaciones.