Uno de cada cuatro latinoamericanos reconoce pago de coima

QUITO, Ecuador. Uno de cada cuatro latinoamericanos reconoció ante un estudio promovido por la CAF que pagó coimas en los últimos 12 meses; cuatro de cada cinco creen que los sistemas judiciales no castigan a los corruptos y más de 10% de empresarios reconoce que pagó sobornos para obtener contratos públicos. Esto se lee en un reporte del citado banco de desarrollo.

Pablo Sanguinetti, vicepresidente de la CAF, presentó el reporte de economía y desarrollo 2019.
Pablo Sanguinetti, vicepresidente de la CAF, presentó el reporte de economía y desarrollo 2019.Gladys Benítez, ABC Color

Datos llamativos que describen la realidad de Paraguay y los demás países de América Latina en cuanto a corrupción y políticas públicas se pueden observar en el reporte de Economía y Desarrollo presentado ayer en Quito, Ecuador, por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del cual participó ABC.

No se limita a un detalle del costo de corrupción, sino más bien, una descripción de cómo ese flagelo tiene múltiples manifestaciones y afecta enormemente el crecimiento de los países a través del perjuicio a la productividad y el crecimiento de las economías, que no es otra cosa que limitar o impedir la posibilidad de los ciudadanos de acceder a servicios públicos de calidad y la atención de sus demandas sociales.

Luis Carranza, presidente de la CAF dio la introducción del evento.
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Precisamente, el presidente del organismo, Luis Carranza, declaró en el marco de esta presentación que el crecimiento que han registrado nuestros países no genera aumento de la clase media, pues tenemos un problema de quiebre entre lo político y económico respecto a lo social. “A lo largo de la historia de América Latina se han visto tensiones entre esos sistemas. En CAF creemos que son claves para lograr el desarrollo la gobernanza, la integridad y transparencia”, añadió.

Para Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de la CAF, quien dio detalles del reporte, no se puede dejar de mencionar que el perjuicio de la corrupción más relevante es de tipo institucional, puesto que genera desconfianza e ilegitimidad de los estados y las democracias.

Según lo informado, en el material preparado por la CAF, que tiene cerca de 300 páginas y que será presentado en Paraguay el próximo 19, se pueden verificar datos sobre la percepción de corrupción a partir de estudios de Transparencia Internacional. Así, la percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es mucho mayor que en regiones más desarrolladas.

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Índice de percepción de la corrupción.

En este gráfico se verifica la posición de Paraguay, al mismo nivel de Honduras o Bolivia y bien lejos, es decir muy diferente, a la de Uruguay o Chile, donde hay menor percepción de corrupción (y de hecho, son economía más desarrolladas, con PIB percápita mucho más elevado que en nuestro país; ejemplo, en Chile, el PIB percápita ronda los 25.000 dólares y en Paraguay, está por debajo de los 6.000 dólares).

Además, también se preguntó a los empresarios de Latinoamérica sobre el pago de sobornos. El 13% de todos los ejecutivos y propietarios de firmas encuestados en la Enterprise Surveys del Banco Mundial consideran que empresas similares a la suya pagan sobornos para asegurar contratos con el gobierno.

Percepción empresarial sobre la incidencia del pago de soborno.

En este aspecto, Paraguay está en el quinto lugar de los empresarios que reconocieron los pagos de coimas, por detrás de Venezuela, República Dominicana, México y Perú. Otros países en mejor posición que la nuestra, son: Uruguay, Honduras, Guatemala, Chile, etc.

Para medir el costo de la corrupción para la sociedad, dice la CAF, una primera aproximación es cuantificar los montos involucrados en las transacciones. En un documento del año 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recogió un cálculo de entre 1,5 y 2 billones de dólares que se pierden en sobornos.

“En el sector de las grandes obras de construcción, se calculan pérdidas que van del 10 al 30% del valor de las inversiones, de lo que se proyecta que para el 2030 se podrían dilapidar cerca de 6 billones de dólares por año a causa de la corrupción y las ineficiencias en la gestión de proyectos (Matthews, 2016)”, dice parte del documento del banco de desarrollo. Y resalta que, sobre todo, los costos de la corrupción van mucho más allá que el dinero que se intercambia en esas operaciones ilícitas, sino que las consecuencias se manifiestan en la disminución del bienestar y las oportunidades de desarrollo de las sociedades.

En cuanto a la transparencia y el monitoreo ciudadano, el reporte destaca la importancia de la aprobación en la última década de leyes de acceso a la información que obligan al Estado a responder a las consultas de los ciudadanos, aunque también reconoce que en este aspecto, aún hay mucho margen para mejorar la eficiencia, en cuanto al plazo de respuesta y calidad de la misma.

Leyes de acceso a la información.

Podemos ver que Paraguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en aprobar la ley de acceso a la información pública. El primero fue Trinidad y Tobago en 1999, le siguieron México y Panamá en 2002 y Perú en 2003. Los demás países fueron también aprobando este tipo de leyes en los siguientes años y los que aún faltan, es decir no tienen, son Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela.

Ante este escenario, el libro de la CAF plantea un aporte que va más allá de los “números fríos”. El primer enfoque que plantean desde el organismo es clasificar conductas y criminalizarlas. Para combatirlas se debe, sin embargo, ir más allá de temas legales. La idea es tener enfoque más amplio, incorporando temas de transparencia, procesos en Estado, controlar la actividad privada.

Específicamente, según lo explicado por Pablo Sanguinetti, se propone cuatro ámbitos de acción que se complementan entre ellos.

El primer ámbito son las “reglas y control dentro de la función pública”. “El funcionario necesita cierta autonomía para ejercer sus funciones y eso está bien. Pero es necesario tener reglas, como en compras públicas, las más competitivas posibles. Disminuir discrecionalidad del funcionario pero no abusar de ella, la tecnología es elemento fundamental que ayuda. La digitalización de trámites y simplificación son claves. Fortalecer la capacidad de control ex post, también. Debe haber un balance entre ambos tipos de reglas”, resaltó Sanguinetti.

Puso hincapié en la necesidad de mejorar dicho control “ex post”, con una fiscalización que derive en procesos penales, si así lo amerita la situación. Los casos de corrupción tienen que terminar en la justicia para que el sistema tenga credibilidad, lo que implica una reforma profunda de la justicia, de modo a combatir la corrupción con el fin de la impunidad.

El segundo ámbito es el “mecanismo de entrada a la burocracia y a la política”. Se trata de elegir a los mejores, a las personas más idóneas, tener funcionarios que entren a la política con las adecuadas motivaciones. “Que el sistema político sea lo más competitivo e independiente posible. Algunos países limitan o prohíben el aporte de empresas, hay evidencia de que eso ha generado mejores candidatos y electos”, añadió el vicepresidente de la CAF.

Por otro lado, este aspecto abordado implica no solo tener candidatos a cargos públicos potables, sino además, mejores funcionarios públicos en todos los niveles jerárquicos, con salarios de calidad. Hoy, según lo comentado, la realidad es que en los niveles bajos de la estructura de instituciones del Estado, los trabajadores ganan bien, pero en los niveles altos, gerenciales y cargos de responsabilidad, los funcionarios tienen sueldos que están muy por debajo que en el sector privado.

Como tercer ámbito de acción, el especialista mencionó la “transparencia y monitoreo ciudadano”, que la ciudadanía controle a los políticos.

“Es la ciudadanía vigilante. La ciudadanía activa es una línea activa contra la corrupción. Implica proveer información de lo que hace el sector público. La gente tiene que poder digerirlo, entenderlo y activarse”, señaló. Otra implicancia en este sentido es tener mecanismos de participación y reclamo. El voto es fundamental, pero ante el clientelismo político se distorsiona ese poder ciudadano expresado en el sufragio.

En este sentido, el estudio de la CAF encontró que en la mayoría de los países de Latinoamérica (incluyendo Paraguay), para los ciudadanos es “normal” vender su voto. Se mencionó que, inclusive, muchas personas no perciben o no reconocen situaciones típicas de corrupción; por ejemplo, el pago de coima a un funcionario público está normalizado al considerarse que es “como pagar una propina al mozo”, según lo mencionado.

Finalmente, el cuarto ámbito de acción propuesto es la “gobernanza de los intereses privados”. Al sector privado también tenemos que darle reglas, así como lo hacemos con el público.

En cada uno de los ámbitos proponemos una serie de claves para combatir la corrupción.

“La empresa está obligada al régimen de cumplimiento. Que haya sanciones, hasta la pérdida de posibilidad de operación, en caso de no cumplir”, destacó. Insistió en la relevancia de la penalización a las empresas, cuando estas trasgreden las leyes (la corrupción es un tango que se baila de a dos, si hay sector público corrupto es porque hay sector privado corrupto). Inclusive, las firmas podrían tener un protocolo interno para detectar y denunciar hechos de corrupción (para los casos en los que haya funcionarios “infieles” que actúen en contraversión de la voluntad del dueño).

Según se prevé, el reporte de la CAF que incluye todos estos temas y aborda otros datos de interés será presentado en Asunción el próximo 19 del corriente, con presencia de autoridades nacionales, públicas y privadas, organismos no gubernamentales, medios de prensa y otros invitados especiales.

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