El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas destacó que están conscientes de todo el calendario electoral y la suspensión temporal de la licitación no lo afectará en ninguna medida. Garantizó que no afectará ningún proceso, puesto que son conscientes de que se deben realizar muchas actividades previas a las elecciones, como la presentación y la capacitación de los usuarios.
Por ese motivo, adelantó que están acelerando todo el proceso y los técnicos de la DNCP tendrán un resultado para este jueves y decidirán si el proceso realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue correcto o si se debe retrotraer en algún punto.
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“Estamos verificando la legalidad del pliego de bases y condiciones. No sería adecuado ni prudente seguir avanzando en el proceso licitatorio sin una base cierta y segura sobre la regularidad del pliego”, manifestó en contacto con ABC TV. Asimismo, señaló que decidieron suspender porque en la siguiente etapa ya era la adjudicación.
Nuevamente, Seitz negó haber recibido algún tipo de injerencia política para suspender este proceso licitatorio y agregó que él puede “entender todos esos miedos no solo por parte de la Justicia Electoral, sino también de la ciudadanía organizada”.
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Sobre una posible interpelación que ya fue propuesta por algunos parlamentarios, manifestó que es una “posibilidad constitucional que existe” y que todos los altos jefes públicos son conscientes de que pueden someterse a una en algún momento. No obstante, añadió, va a brindar la decisión el jueves y en base a eso los congresistas tomarán las decisiones que crean correctas.
La licitación para alquilar 15.000 máquinas de votación tiene un precio tope de US$ 23 millones. Se presentaron dos consorcios internacionales: el primero es Magic Software Argentina en alianza con Excelsis, firma paraguaya proveedora del TSJE, y el segundo Smartmatic, cuyos representantes denuncian una supuesta licitación amañada, favoritismo y peligro de “hackeo”.
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Por su parte, ayer el Tribunal destacó que la suspensión pone en riesgo las municipales 2020 y cuestionó que la decisión de la DNCP viola el artículo 82 de la ley de Contrataciones Públicas, en la que se menciona que una suspensión “no debe causar perjuicio al interés social y no se contravenga con disposiciones del orden público”.
