Los concejales son testigos en una acción legal promovida por Schlender en contra de una resolución municipal por el cual fue sustituido del cargo, y nombrado en su lugar al presidente de la Junta Municipal, Nelson Rodríguez (PLRA),
El juicio promovido por el exintendente Schlender es en contra de la decisión de la Junta, que designó un nuevo intendente municipal en sustitución de este intendente que ahora está preso, quien presentó en forma tardía un documento en el que justifica su ausencia prolongada.
El ahora exintendente está procesado desde mediados de setiembre pasado, primero con prisión domiciliaria, y posteriormente guardando reclusión en la penitenciaría regional, imputado por los presuntos delitos de lavado de dinero. El Art 56 de ley orgánica municipal es clara, este señor ya dejó de ser intendente, acotó el abogado de la Municipalidad, Lilio Sotelo.
Ayer se presentaron ante el Tribunal Electoral a declarar en favor del exintendente Schlender los concejales Yris Amanda Caballero (ANR), Víctor Arístides Duarte Arce (ANR), Antonio Rubén Rolón Núñez (PLRA), Hugo César Pauillaux Montiel (ANR) y Juan Asunción Zayas Acevedo (ANR).
El letrado advirtió también que los concejales que acudieron a la audiencia testifical, esta mañana, están expuestos a ser procesados y penalizados con 10 años de cárcel, por mentir en juicio a favor de Schlender. Estos concejales son testigos interesados en este caso, acotó.
Por su parte, una de las manifestantes, Teresa Acevedo, quien forma parte de un movimiento ciudadano integrado por estudiantes, vecinos y concejales municipales de Jesús de Tavarangüe, calificó como “una vergüenza” que algunos concejales municipales, entre quienes existen docentes y que deberían ser ejemplos en la comunidad, se presten para defender al intendente Schlender, procesado y preso por un esquema de corrupción que había montado usando al municipio.
Acevedo dijo que no abandonarán la lucha emprendida por los vecinos, quienes durante más de tres meses mantuvieron acorralada la sede del gobierno municipal desde un campamento de protesta hasta lograr que la justicia intervenga ante las denuncias presentadas por la Junta Municipal, y que ya llevaban más de tres años sin que fiscal alguno se ocupe del tema.