Según la magistrada, el allanamiento a la Municipalidad de Asunción se solicitó a los efectos de proceder a la incautación de equipos informáticos y aparatos celulares, y, aunque en la denuncia presentada existen nombres y apellidos, ese no fue ese el punto del Ministerio Público, sino más bien la incautación.
“El allanamiento se dio porque se trata de personas que están cumpliendo una función específica dentro de la Municipalidad de Asunción, y eso hace que si hubiéramos dado cumplimiento a una de las partes de la legislación, la de pedir el permiso correspondiente, se podrían perder esa evidencias, razón por la cual determiné que directamente se proceda al allanamiento”, detalló la jueza.
Sánchez confirmó que existe sospecha de hecho punible de acción penal pública, por lo que se requiere necesariamente la intervención del Poder Judicial a los efectos de contar con la evidencias.
Posteriormente, si se hallan estas pruebas, se iniciaría el proceso con la imputación de las personas sospechosas de cometer los ilícitos.
“Hay denuncias de responsables hay previa de elementos probatorios que dan indicios de que lo que se está manifestando. Si el Ministerio Público solicita la intervención ante la sospecha, tiene evidencias primarias en su poder de un hecho punible atribuido a personas que cumplen función pública, y que estarían comprometidos intereses de la ciudadanía, se procede”, indicó la jueza.
Una comitiva policial-fiscal allanó la Municipalidad de Asunción, a raíz de una denuncia formulada por el activista de izquierda Camilo Soares por cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencias. Una exdiputada, un exsenador y personas muy afines al intendente Mario Ferreiro estarían involucrados en los hechos denunciados y hablan de la existencia de un grupo de “recaudación paralela” en la Comuna.
La denuncia fue presentada por Camilo Soares contra personas innominadas pero señalan que los hechos involucrarían a la exdiputada de Avanza País María Rocío Casco Arce y al director de Recursos Humanos de la comuna y activista del P-MAS Aureliano Servín Maldonado. No obstante, aclaran que no pueden sindicarlos como autores, partícipes o cómplices, sino que su participación será determinada en el marco de la investigación.
Por otra parte, en la orden de allanamiento, la jueza Lici Sánchez señala que Soares le prestó dinero a Mario Ferreiro para su campaña política pero el ahora intendente no lo devolvió. Soares había hipotecado su casa para obtener ese dinero, pero no pudo pagar la deuda y por ello se produjo el desalojo de su vivienda.