Teniendo en cuenta que ya existe una ley sobre ese tema, la Nº 5863, lo que ahora se hará básicamente es un plan piloto para despejar dudas, corregir errores, probar equipos y después de esto, definir cómo se hará la implementación en nuestro país.

La encargada de proveer las pulseras para el plan piloto es una empresa brasileña, que proveerá a cada juez encargado de 15 pulseras.

Tanto Gustavo Amarilla como Lici Sánchez deberán seleccionar entre los procesados que tienen en su despacho, a quiénes otorgarán esas pulseras para la implementación de esta prueba.

Otro factor a tener en cuenta es que el Poder Ejecutivo aún no reglamentó la ley, y es eso lo que están esperando los jueces para que puedan iniciar con este plan. El operativo durará 45 días y deberá ser a nivel país.

La Ley 5863, que establece el uso de pulseras electrónicas de control, duerme sin reglamentación desde su entrada en vigencia, en setiembre de 2018. El uso de las pulseras electrónicas está pensado para aquellas personas que tienen procesos con la justicia que pueden ser llevados sin prisión preventiva, como los arrestos domiciliarios y la orden de restricción o alejamiento en casos de violencia doméstica. El objetivo es disminuir el hacinamiento en las cárceles.

Lea más: Tobillera electrónica, por ahora solo en los papeles