De acuerdo a los antecedentes, el caso es entendido por la jueza penal adolescente y magistrada de garantías de segundo turno de la feria judicial de Caazapá, María Roxana Ramírez Prado, quien, increíblemente, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al sospechoso de abuso de su hijastra y le permitió la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que “tiene que trabajar”.
Ante lo llamativo del caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, ordenó que se realice una auditoría de reacción inmediata en el caso, de manera a definir qué movió exactamente a la magistrada a tomar tal decisión, que incluso fue apelada por la Fiscalía.
La Corte busca descartar la existencia o no de irregularidades en el proceso. La orden fue remitida a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Mientras tanto, la víctima de un presunto caso de violación perpetrado por su propio padrastro permanece actualmente encerrada e incomunicada en un albergue.
La hermana de la menor denunció hace unos días que la misma está siendo retenida e incomunicada contra su voluntad en el albergue “Vientos de esperanza”, de Asunción, donde la directora no permite el contacto con sus familiares. Se le quitó su teléfono celular y está siendo maltratada, según refirieron sus familiares.
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Según los datos, el propio padrastro de la ahora adolescente abusó de ella desde los 6 años. Actualmente, tiene 16 y el 16 de enero último ya no aguantó más y se animó a realizar la denuncia del caso. Los exámenes médicos comprobaron que fue abusada sistemáticamente por el hombre.
Los familiares denuncian que la menor está siendo revictimizada.
La directora del albergue, Melita Wall, respondió a la familia que el retiro del teléfono celular es por orden judicial, pero la pariente de la adolescente dijo que averiguó y que no existe la orden judicial para el aislamiento. Agregó que su hermana debe quedar con una tía suya, quien pidió la guarda.
En otro momento, la hermana dijo que fue echada del albergue por la directora, a quien denunció en la comisaria 22ª de Asunción. También afirmaron que su madre se encuentra con ella en el departamento Central porque tuvo que huir de las amenazas de los parientes del abusador, quien tiene la protección de políticos del distrito de Maciel, departamento de Caazapá.
