“La ley de financiamiento político es muy importante, yo no estoy en contra de ella, sino de la forma apresurada en la que se presenta y en el tiempo, es receso parlamentario", indicó el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar en visita a estudios de ABC TV.
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Señaló que si le ponen a elegir entre el proyecto emanado de Diputados y el de la diputada Rocío Vallejo, se queda con la propuesta de la legisladora. “Yo reconozco el esfuerzo de Rocío, es una trabajadora seria, responsable; no hago impugnación de su trabajo, son cuestiones que se basan en hechos que se han dado de manera sistemática en varios países”, indicó y habló del ejemplo de Ecuador.
A su criterio, “no tiene sentido que tengas un nuevo sistema si no tenés una nueva ley” y que “lo ideal es rechazar y aprobar un proyecto de ley que contemple ese órgano de control porque no se pudo articular, entre Seprelad, BCP y Contraloría”.
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Agregó que “esto ya teníamos que haberlo tratado antes, después de aprobación desbloqueo, y dotar más recursos al TSJE”.
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Sobre la postura de los colorados afirmó: “Mis correligionarios me dicen que nos va a afectar a todos, muchos que no compartían, pero bajo presión de ustedes (prensa) el día de la votación me dejaron solo. En los países donde se aplicó el desbloqueo de listas, se instaló la narco-plutocracia”.
No obstante, el parlamentario sostuvo que no se cierra a otras ideas siempre y cuando le demuestren fehacientemente que está equivocado.
“Te prometo seguir analizando, es de humanos errar pero es de necios persistir -como dice Cicerón-. A mí si me demuestran que mi teoría es incorrecta, de manera fehaciente, no tengo problema con allanarme, no me voy a morir con mi idea”, argumentó.
Finalmente anunció que senadores encabezados por Desirée Masi (PDP) trabajan en una propuesta alternativa para su presentación. “Me comprometí a ver la propuesta de modificación”, informó.
El proyecto se encuentra ahora en el Senado, en donde aparentemente volverá a ser cambiado para que tenga la versión original presentada por la diputada Rocío Vallejo, que aplica controles más fuertes para evitar, entre otras cosas, el uso del dinero del narcotráfico o del contrabando en las campañas de los políticos.