El Congreso Nacional sancionó ayer la ley que declara emergencia sanitaria por dengue a nivel país, para facilitar los procesos de compras de insumos y hacer frente a la epidemia más grande de la última década en Paraguay. En ese contexto, habló en contacto con ABC Cardinal Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con respecto a cómo será el sistema de control de las compras que realicen las instituciones del Estado.
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Señaló que las entidades deben hacer la comunicación a la DNCP, a pesar de que exista la ley de emergencia. “La contratación por vía de la excepción en general se realiza con difusión previa; lo que se permite es una disminución muy considerable de los plazos de difusión. Hasta cinco días los oferentes tienen que presentar oferta, a no ser de que sea una necesidad impostergable y que guarde relación con la ejecución del contrato, llámese ‘ahora necesito el producto y ahora me entrega el proveedor’. Eventualmente podría la institución pública –con o sin ley de emergencia– efectuar este procedimiento si puede justificar la urgencia impostergable. Si cierra el contrato y recibe el producto dentro de 30 días, significa que sí era postergable”, explicó.
Hizo énfasis en que, igualmente, toda compra siempre va a estar supeditada a la DNCP. “Por más de que se haya comunicado después en el marco de esa ley en forma posterior a la adquisición y si no cabe dentro de la justificación, entonces la DNCP debe anular esa adjudicación y proceder a lo que corresponde a derecho. Si detecta una irregularidad en ese procedimiento, declara la irregularidad por la Contraloría. Si hay pagos pendientes, puede congelar. En el caso de la Municipalidad se comunica a los órganos municipales”, acotó.
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Añadió que, en caso de que se haya consumado el 100% del pago, se informa a la Contraloría General de la República, a los efectos de que esté al tanto para la rendición de cuentas, y al Ministerio Público.
“El hecho de que se haya consumado un contrato, amparado supuestamente por un proceso de emergencia y que por comunicación posterior la DNCP tome cartas en el asunto, no implica que perdonaremos la irregularidad”, aseveró.
Sostuvo además que si se consumó la compra y el pago es más agravante, la situación es para una autoridad administrativa y de la empresa que hayan participado del procedimiento, “porque lo que pudo haber sido corregido administrativamente, cuando se consuma se vuelve una cuestión de asunto penal. Cuanto más avance un proceso, complica más la situación de las autoridades”, subrayó Seitz.
Finalmente, dijo que esta autorización política legal que da el Congreso a la administración pública no tiene que ser una carta en blanco. “Se facilitan los procesos de compra, se facilitan los procesos financieros, pero eso no significa una carta en blanco. Igualmente, existirán los controles posteriores casi inmediatos”, puntualizó.
En lo que va de este 2020 se registraron 85.290 casos sospechosos de dengue, de los cuales ya fueron confirmados 4.255, además de 16 muertes que se atribuyen a la enfermedad y otras 80 que están siendo investigadas por las autoridades de Vigilancia de la Salud de la cartera estatal.