El proyecto fue sancionado ayer en una sesión extraordinaria de Diputados. Hoy, tras recibir el visto bueno de Arnaldo Franco, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, fue llevado hasta Palacio de López. El jefe de Estado promulgó la ley poco después del mediodía.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral dio como plazo máximo el 6 de marzo para poder aplicar las nuevas disposiciones en las internas partidarias del próximo 12 de julio, que definirán también a los candidatos para las municipales de noviembre próximo.

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El texto aprobado en Congreso — que fue consensuado en Senado — establece que cada candidato demuestre el origen de sus fondos y crea un equipo fiscalizador con apoyo de Seprelad. Además, obliga a cada candidato a presentar un balance y una “declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC)” sobre el origen de los fondos antes y después de las elecciones.

Cada aspirante también deberá presentar una “declaración de interés económico vinculado” de las empresas y activos que posee en el sector privado. Se aclara que dichos documentos no son “declaraciones juradas de bienes y rentas” como las que presenta un funcionario ante la Contraloría General de la República. El proyecto modifica así el Código Electoral (N° 834/96), La ley de Financiamiento Político (4743/12) y su reglamentación (N° 6.167/18).

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La principal proyectista fue la diputada y exfiscal Rocío Vallejo (PPQ). La iniciativa surgió en diciembre último ante el aumento de casos de “narcodiputados” y “narcoconcejales”.

El cuatro de febrero último, los diputados aprobaron una versión cuestionada que el Senado corrigió el jueves último en su revisión. Esta fue la versión a la que se allanó ayer la Cámara Baja. Los diputados colorados cartistas y abdistas no quisieron reconocer su error y sostuvieron que el Senado simplemente “tomó nota” de las correcciones o preocupaciones que expresaron.