Andrea Morel, Ramón Martínez y su familia dicen ser víctimas, según denuncia a la Policía, de cuatro personas que ingresaron a su domicilio y procedieron a demoler la humilde construcción que tenían en el sitio, una pequeña de material cocido con techos de chapa.
Los denunciantes identifican en el informe policial a estas personas como Cynthia Alvarez, Osvaldo Vera, Lorena Giménez y Narciso Cáceres, quienes serían los encargados de la Junta de Saneamiento que opera en el asentamiento Bienaventurado, ubicado en el km 26, ruta PY01 "Mariscal F. Solano López".
El hecho ocurrió el 12 de febrero a las 16:00 aproximadamente, pero trascendió ayer.
Los presuntos autores, siempre según la denuncia, aseguran que esta medida se tomó ya que la familia adeuda tres cuotas del servicio de agua potable, que asciende a unos G. 20.000 mensuales, es decir, poco más de G. 60.000. Sin embargo, los afectados aseguran que detrás de este hecho lo que buscan estas personas es sacarlos del lugar para ubicar a otra persona que busca construir su domicilio: el hijo del dirigente del asentamiento.