El caso había sido denunciado por el comisario retirado y su esposa, Olga Raquel Ortiz, quienes supuestamente fueron amenazadas con arma de fuego en mano por la suboficial Ramírez, y posteriormente, en su huida, dañó una camioneta que se encontraba como depositario judicial en el poder de Fernández y su familia.
Posteriormente, la mujer supuestamente fue a la comisaría de Aguapety y se puso a disposición de los policías. En el lugar fue abordada por la familia del comisario retirado, y se registraron forcejeos.
Agentes de Criminalística intervinieron, pero no encontraron armas de fuego.
A la vez, se pidió la presencia de la fiscala de turno, Gladys Torales de Ovelar, pero esta no se presentó al procedimiento.
El pasado lunes, la agente fiscal imputó a la suboficial Ramírez por coacción, coacción grave, perturbación a la paz pública y trasgresión de la ley de armas, pese a que nunca se encontró el arma de fuego.
Sin embargo, ante una falta de elementos necesarios, el juez Armando Mendoza dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, y la suboficial fue puesta bajo arresto domiciliario en su vivienda de Caazapá.
La denuncia fue hecha bajo el patrocinio del abogado Enrique Villagra, quien aseguró que el procedimiento se realizó bajo una total irregularidad, afirmando que el incidente fue montado por las supuestas víctimas.
Añadió que los denunciantes habían informado de la existencia de una grabación de circuito cerrado de la vivienda en la que se registró el hecho, pero al ser solicitada la evidencia, alegaron que el sistema de circuito cerrado estaba averiado.
ABC intentó comunicarse con la fiscala Torales de Ovelar, pero esta no atendió la llamada.