La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) pidió a la Corte Suprema de Justicia que la organización sea incorporada como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la acción de inconstitucionalidad en donde la plenaria debe definir si se elimina o no el secretismo de las DD.JJ. y las hace accesibles a la ciudadanía.

En el escrito que se presentó esta mañana en el Palacio de Justicia de Asunción señala que una de las finalidades de la Coordinadora es la defensa del derecho de acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción, así como la promoción de los valores de la transparencia gubernamental. De esta forma está justificada el interés de participar en la causa en calidad de Amicus Curiae.

La presentación de la organización está acompañada de una opinión fundada sobre el litigio por la negativa de la Contraloría General de la República (CGR) a dar a conocer públicamente las declaraciones juradas de los funcionarios, a pesar de que hay dos fallos judiciales que establecen que estos datos son información pública.

La Coordinadora de Abogados también defiende la tesitura a favor de la transparencia y de que las DD.JJ. deben estar disponible al público en general. La acción debe ser estudiada por la plenaria de la Corte, integrada por nueve miembros, pero que debido a las recusaciones se completaría con camaristas.

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Este es el primer caso de acceso a la información pública que llega a la máxima instancia judicial desde la vigencia de la Ley Nº 5282/14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del 2018 por el entonces contralor, Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades de los Poderes del Estado, incluidos los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes. El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.