La agente fiscal Fátima Villasboa Maidana, de la Unidad Zonal de Luque, acusó por el tipo penal de “Invasión de Inmueble Ajeno” a 40 personas quienes habían sido procesadas por la ocupación de dos fincas de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), ubicadas en las compañías Isla Bogado y Cañada San Rafael de esta ciudad. La representante del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal de Garantías eleve la causa a juicio oral.
Los acusados fueron identificados como, Cristino Ramón González Delvalle, Juan Carlos Ortíz Ramírez, Miguel Ángel Feltes Mora, Cecilio Salvador Fariña Ojeda, Néstor Damián Santacruz Amarilla, Francisco David Noguera Jara, Guido Alfredo Vázquez Báez, Juan Daniel Alonso, Gumercindo Mendoza Rivero, Domindo Gabriel Sanabria Diarte.
También fueron acusados, Dario Ramón Martínez Insfran, Tadeo Ramón Cano Rojas, Ramón Sanabria Otazú, Ever González González, Derlis López Rojas, Andrés Alejandro González Román, Víctor Ramón Pereira González, Andrés Abrahan Rojas Santacruz, Víctor José Enciso Villalba, Guillermo Sebastián Amarilla Ozuna, Germán Capdevila Hinguiz, Carlos Milciades Cáceres Brítez y Aldo Damián Palacios Palacios.
Los demás acusados son, Guido Feliz Insaurralde Martínez, Gumercinda Teodocia Torres Estigarribia, María Verónica Torres Arce, Verónica Ester Merlo Rosa, Lourdes Eliana Mercado Estigarribia, Gloria Raquel Moreno Insaurralde, Miryan Ramona Barboza Prieto, María de Lourdes Da Cruz, Gladyz Blanca Pavón de Alfonso, María Magdalena Benítez Peralta, Amelia Alvarenga Villalba y Adriana Yani.
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También otras cinco personas fueron acusadas además por los hechos punibles de “Asociación Criminal e Instigación a Invasión de Inmueble Ajeno”, previsto en el Art. 142 inciso 1 y 2 del Código Penal, en concordancia con el art. 30 del mismo cuerpo legal. Los acusados por estos delitos son Ricardo Martínez, Antonio Segovia, Samuel Ramón Flores, Néstor Noceda Amarilla y Cristina Aquino Saucedo.
La fiscal Fátima Billasboa, explicó que en la acusación se le atribuye a los treinta y cinco primeros mencionados el hecho de invasión de inmueble ajeno, ocurrido en fechas anteriores que datan desde el 11 de junio de 2018 en el predio de Copaco, específicamente en las fincas individualizadas como Finca Nº 1296 y Nº 2018.
Agregó que estas personas se encontraban ocupando en flagrancia el lugar sin la autorización del titular, junto con un gran grupo de personas en ocasión de la intervención de expulsión realizada (cese del hecho antijurídico) por el Ministerio Público y la Policía Nacional el día 06 de marzo de 2019 a las 06:59 horas. Los ocupantes reaccionaron de manera violenta ante el ingreso de las autoridades ya que se encontraban atrincherados con barricadas.
Los interventores hallaron en el lugar objetos inflamables, petardos, bombas de fabricación casera, molotov, objetos corto punzantes, honditas con balines acerados y cristales, además de tuercas entre otros objetos. Dichos objetos fueron utilizados por los ocupantes en contra de los intervinientes sin mediar palabras, incluso un oficial de la Policía de la Montada recibió un balín en el rostro y como resultado perdió un ojo.
Estos acusados junto con la turba de personas habrían procedido a instalarse en el predio de Copaco, limpiando y despejando la zona para luego acampar e instalar las precarias viviendas sin contar con la autorización del titular.
Cabe señalar que estas 35 personas no eran las únicas que se encontraban ocupando irregularmente el inmueble, sino que fueron las que pudieron ser aprehendidas en flagrancia por personal policial interviniente, puesto que las demás se dieron a la fuga. Otros abandonaron voluntariamente el predio y manifestaron haber sido amenazados por los líderes, entre ellos nombraron a Cristina Aquino.
Según las investigaciones, Samuel Flores, Néstor Noceda supuesto abogado de las familias invasoras, Cristina Aquino líder y presidenta de la Comisión “Héroes del Chaco” ubicado en el asentamiento que lleva el mismo nombre, Ricardo Martínez, Antonio Segovia y otras personas se asociaron a fin de organizar invasiones a propiedades privadas ajenas.
Según manifestaciones de los ocupantes ilegales, Aquino, junto a Samuel Flores eran las personas encargadas de organizar el esquema de cobro de montos de dinero y fijaban montos para que algún eventual “ocupante” pudiese ingresar a la propiedad, ésta le requería junto con otras personas sumas de dinero que oscilaban entre G. 500.000 a 1.000.000, a ello además habrían solicitado en forma semanal la suma de G. 200.000 por familia por la parcela de tierra y luego también habrían percibido la suma de G. 20.000 en concepto de servicios de agua.