Los abogados Daniel Alarcón y Osvaldo Sánchez solicitaron hoy la libertad inmediata del periodista Edgar Américo Chilavert. Chilavert se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de octubre de 2018 por supuesta responsabilidad en el delito de abuso sexual de menor.

El pedido de libertad fue planteado ante el tribunal de sentencia integrado por los jueces María Magdalena Dos Santos, Jovino González y Darío Hernán Estigarribia, presidente del colegiado.

Los abogados Alarcón y Sánchez fundamentaron ante el tribunal los motivos por los cuales piden el levantamiento de prisión que soporta el comunicador. “Edgar Chilavert es inocente. No cometió ningún delito y no existió el abuso sexual de un menor tal como sostienen falsamente los fiscales Carina Sánchez y Eduardo Roig” expresaron.

El abogado Daniel Alarcón mencionó cada de las pericias realizadas a lo largo de la investigación del Ministerio Público. “No existe ninguna prueba que pueda incriminar a Edgar Chilavert. Toda la investigación realizada en forma científica no hace otra cosa sino confirmar su inocencia”.

Agregó en forma detallada lo que definió como un montaje para enviarlo a prisión. “Los relatos de los testigos que se presentaron ante el tribunal demostraron que nunca existió ningún abuso sexual. Se inventaron pruebas, se falsificaron documentos, se montaron textos que nunca fueron enviados. El objetivo de este fraude es enviar a Chilavert a prisión sin importar su inocencia”.

Por su parte, el abogado Osvaldo Sánchez resaltó que “todo el proceso penal, desde su mismo inicio con la presentación de la denuncia con una fotocopia simple, fue una simulación de hecho punible. Los documentos, el resultado de las pericias y las declaraciones de testigos no hicieron otra cosa sino demostrar el objetivo de enviar a prisión a Edgar Chilavert”.

El abogado Daniel Alarcón mencionó ante el tribunal que “a la simulación de hecho punible hay que agregar la falsedad de la denuncia así como los delitos de coacción, amenaza, persecución de inocente y asociación criminal”.

Ambos profesionales señalaron que la fiscala Carina Sánchez podría ser responsable de delito de persecusión de inocentes y asociación criminal ante las sospechas de que la agente del Ministerio Público fue parte del montaje de pruebas contra Chilavert.

El alegato presentado por los abogados de Edgar Chilavert duró poco más de seis horas, tiempo que utilizaron para describir cada una de las pericias presentadas tanto por el Laboratorio Forense como por la defensa.

Ambos describieron al tribunal como se montó el fraude procesal para buscar la condena del periodista por un delito que no cometió.

Mañana, a las 8.30, continuará el juicio en el Palacio de Justicia. Se estima que alrededor del mediodía los jueces dictarán sentencia luego de estudiar la documentación presentada por ambas partes.

El puerto de Concepción, telón de fondo

Edgar Chilavert, comunicador de Radio Aquidabán FM, realizó una minuciosa investigación sobre la venta del puerto de Concepción.

El inmueble donde debió construirse un puerto granelero fue donado en el año 2012 por el Ministerio de Defensa Nacional a la Municipalidad de Concepción.

El acuerdo, firmado por el intendente Alejandro Urbieta, establece en forma expresa la prohibición de venta de la donación así como la obligación de construir en el lugar un puerto granelero municipal.

Alejandro Urbieta, en complicidad con la Junta Municipal de Concepción, vendió en junio de 2017 el puerto granelero a la empresa Terminales y Logística Portuaria SA (TLP).

Con la venta de la donación, la ciudad perdió la oportunidad de tener un puerto granelero. El acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa mencionaba la cesión a perpetuidad del inmueble a la municipalidad concepcionera con la prohibición de venta.

Chilavert presentó denuncias contra el intendente Alejandro Urbieta ante el Ministerio Público. Nunca se investigó la venta del puerto concepcionero.

En el presente juicio se confirmó mediante pericia electrónica que el intendente Alejandro Urbieta tuvo participación en el montaje de la denuncia del supuesto abuso sexual de menor.

Los fiscales Carina Sánchez y Eduardo Roig pidieron ayer, lunes, 18 años y seis meses de prisión para el periodista que investigó la venta del puerto de Concepción.