Piden a las autoridades evitar sanciones “selectivas” en casos de violación de la cuarentena

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado instando a las autoridades a “repensar” la forma en que son aplicadas las medidas de la cuarentena, en que se denotan el abuso de la fuerza y la aplicación de sanciones penales “selectivas” que afectan negativamente la vida de las personas en situación vulnerable.

Elementos de la comisaría 3ª y del Grupo Lince “barrieron” ayer el microcentro capitalino.
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura pidió a las autoridades evitar "imputaciones selectivas" que atenten contra la integridad de las personas.Archivo, ABC Color

Establecer nuevos criterios, más acordes a la realidad socioeconómica de la población, para sancionar a aquellos que infrinjan las disposiciones de aislamiento social es el pedido que desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hacen a las autoridades para evitar un impacto negativo en la vida de las personas y no caer en un “régimen autoritario”.

José Antonio Galeano, representante de la organización, comentó que llamativamente casi el 70% de las personas imputadas por violar la cuarentena preventiva son de escasos recursos. “Entiendo que 1.715 de las 2.579 procesadas recurrieron a un defensor público. Estas personas ya se encuentran en una situación vulnerable, por lo que una imputación sería un agravante a su condición”, expresó.

En ese contexto, denunció que varios de los procesados por violación de las disposiciones sanitarias fueron aprehendidos en las cercanías de sus viviendas, con motivos justificables, así como casos en los que fueron víctimas de extorsión e invasión en los procedimientos policiales.

“Muchas de las personas que fueron imputadas por la Fiscalía son trabajadores informales que salieron para conseguir changas o vender sus productos. En estos casos, la Policía debería analizar la situación y evitar sanciones innecesarias que perjudican aún más a aquellos que no están pudiendo procurarse el sustento”, subrayó.

Igualmente, manifestó que la detención e imputación sin un análisis previo tendrán como consecuencia “un pesar económico y social” que incluso podría generar que las mismas afronten penas de prisión si se ven obligadas a violar las medidas de arresto domiciliario cuando necesiten salir a trabajar para sobrevivir.

Subrayó que “esta respuesta penal es siempre selectiva y direccionada hacia el sector con menor capacidad económica y social de afrontar dichos procedimientos”.

Desde la organización instan a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a tener un mejor abordaje de la situación y evaluar con “sentido común” cada caso, para no caer en un sistema autoritario y represivo. “No se debe poner en riesgo a los grupos vulnerables y que la presencia de la Policía en las calles sea vista como una posibilidad de represión”, mencionó.

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