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La Corte Suprema de Justicia finalmente confirmó el lunes la integración de su Sala Constitucional para el estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no publicar las Declaraciones Juradas, pese a que en dos instancias anteriores, jueces se expresaron a favor de la transparencia.
Guido Cocco, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil Segunda Sala de Asunción; y María Mercedes Buongermini, de la Tercera Sala del mismo; aceptaron integrar la máxima instancia judicial para el estudio de esta acción en particular.
Cocco y Buongermini reemplazan así a la ministra Gladys Bareiro de Módica y al magistado Juan Carlos Paredes Bordón, quienes se habían inhibido de entender en la causa. Cocco fue el último en aceptar integrar la Corte Suprema y remitió el documento de aceptación el lunes a la secretaría de la Sala Constitucional.
Con la aceptación de los dos magistrados, finalmente la Sala Constitucional quedó conformada por el pleno de la Corte Suprema, esto es con nueve miembros.
Ya se dieron por notificados
El periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, acompañado del abogado Ezequiel Santagada, acudió el lunes a tribunales para darse por notificado y consentir la integración de la Sala Constitucional. Poco después del mediodía, la Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez Aldana, hizo lo propio.
Con la notificación y el consentimiento de las partes, ya solo queda en manos de la Corte Suprema dar sentencia definitiva y definir si liberan o no los datos.
Nombres para la historia
De esta manera, la resolución de un caso histórico quedará en las manos de los ministros Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes; además de los magistrados Oscar Paiva, Marcos Riera Hunter, María Mercedes Buongermini y Guido Cocco; estos últimos miembros de diferentes salas del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial.
El caso de las declaraciones juradas es el primer caso de acceso a la información pública que llega a la máxima instancia judicial desde la promulgación de la ley 5282.
Un caso que lleva más de dos años
El pleno de la Corte debe estudiar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra dos sentencias judiciales que ordenaron al ente a liberar la información.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.
Mientras aseguraba estar a favor de la transparencia, el ahora excontralor Enrique García presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la divulgación.
La Contraloría alegó que el amparo es inconstitucional porque no es la vía para acceder a las declaraciones juradas y fueron violados los artículos 256, por no fundar el fallo en la ley; 137 de la supremacía constitucional y 17, inciso 9, sobre la garantía procesal de que no se oponga en un proceso pruebas ilegales; así como el artículo 131 de las garantías que deben ser reglamentadas por ley.
Actual contralor dice estar a favor de la transparencia
Camilo Benítez Aldana, quien asumió como Contralor tras la renuncia de García para salvarse de un juicio político, manifestó en reiteradas oportunidades estar a favor de la publicidad de las Declaraciones Juradas, aunque sostuvo que jurídicamente tenía las manos atadas por los términos de la ley que regula estos documentos.
A diferencia de su predecesor, el actual contralor ha cumplido diferentes sentencias judiciales en los que se ha ordenado a la institución a su cargo liberar esos documentos.