Casatti comentó que tuvieron conocimiento del llamado a licitación para la adquisición de los insumos que fueron rechazados solamente gracias a la transparencia que exige la Ley de Emergencia, puesto que fueron excluidos de la reunión que tuvo Cifarma con el Gobierno. “Nosotros como segundo plano ingresamos, como un acto patriótico e interesado para posicionarnos al mercado”, añadió el abogado de las empresas Imedic y Eurotec.
En ese sentido, explicó que los propietarios estuvieron trabajando con algunas farmacéuticas de renombre por 30 años y después de jubilarse decidieron independizarse. Luego, fueron denunciados por una “muy ingeniosa construcción de lesión de confianza por un dinero que dejaron de ganar” las empresas que siempre licitan con el Gobierno. Añadió que esa causa se encuentra varada, pero que es injustificada.
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Por otra parte, destacó que desde que se incorporaron al mercado “bajaron los precios considerablemente”. Aseguró que los precios referenciales comenzaron a sincerarse, puesto que las firmas que siempre licitaban inflaban los costos. “El año pasado en la producción de medicamentos el Estado se ha ahorrado G. 330.000 millones; por ende, podrán entender los intereses creados en todo esto, lo cual puede denotar y crea cierta suspicacia por el interés de desprestigiar o sacar del mercado a estas empresas”, agregó.
Ayer, ambas firmas refirieron que solicitaron a China los insumos con todas las especificaciones del Gobierno, pero los proveedores enviaron otros distintos a los que figuran en la compra. “Son súper sospechosas. Tengo noticias, rumores, informaciones (...) No me consta personalmente que tuvieron una serie de reuniones con Cifarma a las cuales nuestras empresas no fueron invitadas”, agregó.
Cabe resaltar que esas reuniones fueron de público conocimiento, puesto que el Gobierno divulgó que se reunió con representantes de Cifarma en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia. Inclusive, los empresarios participaron de una conferencia de prensa con el ministro Julio Mazzoleni.
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Aseguró que las firmas asociadas a dicha Cámara “exigieron” que el Gobierno utilice el dinero del préstamo -realizado con el objetivo de adquirir insumos relacionados al COVID-19- para pagar una deuda anterior. Con sus declaraciones, dio a entender que ese hecho habría generado que el Gobierno adjudique a las firmas que no están relacionadas a Cifarma.
Recordemos que estas firmas mencionadas fueron adjudicadas para la compra de los insumos que fueron rechazados por el Ministerio de Salud. Imedic firmó contrato por G. 47.952 millones para proveer mascarillas, trajes de protección individual para riesgo biológico y 50 camas manuales para pacientes, mientras que la firma Eurotec fue adjudicada para proveer protectores faciales, protectores oculares, mascarillas y trajes de protección por G. 37.000 millones.
En total, ambas firmas familiares cerraron contratos por unos G. 85.000 millones y recibieron un 20% de anticipo, en total G. 17.000 millones. Sin embargo, el Gobierno decidió iniciar el proceso de rescisión del contrato debido a que los insumos que llegaron no cumplían las especificaciones técnicas previstas por el contrato.
Justo Ferreira, uno de los propietarios de estas empresas, alegó que las camas y los trajes de seguridad no reunían las condiciones exigidas por Salud Pública porque sus proveedores de China les enviaron otros productos y no aquellos por los que pagaron.
“Las compras en China, lastimosamente no son demasiado formales, uno pide una cosa, te traen otras, eso ocurrió con las camas”, señaló el abogado Andrés Casatti ayer para ABC. “Imaginate que hoy tenemos 135.000 trajes que trajimos que no tienen el grado de seguridad que es solicitado por el Ministerio”, añadió Ferreira, quien afirmó que a cambio están ofreciendo al Estado artículos de mejor calidad.
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