La referida ley, sancionada por el Legislativo a fines de abril pasado, declara de utilidad pública y autoriza al BCP a transferir a título oneroso a favor del Estado Paraguayo el inmueble ubicado en Asunción a ser destinado para la sede de la Senatur.
El Ejecutivo vetó los artículos 3°, 4° y 5° que establece la emisión de bonos para pagar por el inmueble y propone, a cambio, cubrir con pagos a plazos con los recursos anuales asignados a la Senatur, por lo que devolvió el proyecto de ley a consideración del Congreso, para la decisión final.
Argumenta que la propuesta de financiamiento prevista vía emisión de bonos del Tesoro para la compra del inmueble resulta inconsistente con la Ley N° 1535/99, de Administración Financiera del Estado, que establece el uso del crédito público como un recurso para acceder a fondos destinados a financiar, principalmente, las inversiones productivas.
En ese contexto, menciona que Hacienda ha sostenido una posición contraria respecto a este tipo de iniciativas legislativas, donde mediante una ley particular se comprometen los recursos extraordinarios del Tesoro público (vía endeudamiento), para resolver una problemática transversal que afecta a varias entidades públicas, que es la carencia de bienes inmuebles para el ejercicio de las funciones.
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Explica que la emisión de bonos es actualmente una importante fuente de fondeo del Estado para impulsar el desarrollo de su economía, a través de la ejecución de los proyectos de inversión, y además, sirve para atender los compromisos emergentes de la deuda pública (pago del principal de la deuda).
Además, recuerda que bajo la actual emergencia sanitaria, se obtuvo de manera urgente en los mercados internacionales fondos mediante la emisión de bonos (US$ 1.000 millones), para financiar las medidas de mitigación de los efectos de la pandemia, y que con ello se evidencia que la prioridad del Gobierno es orientar los recursos económicos para fortalecer la estructura y la gestión de los establecimientos de salud para resguardar a la población afectada y encaminar la recuperación de la economía del país, ante lo cual, comprometer al Tesoro Público en la emisión de un bono para asegurar la compra y transferencia de un inmueble no es la vía más adecuada y tampoco oportuna.
El Ejecutivo advierte que se estaría generando un mal precedente y un incentivo al que podrían recurrir otras instituciones públicas y plantea que dada la situación actual de la economía, a partir de las medidas tomadas para luchar contra la pandemia del covid-19, las estimaciones para el déficit fiscal al cierre del ejercicio 2020 están muy por encima de lo que determina la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que podría analizarse la compra del inmueble mediante pagos a plazo al BCP, con los recursos anuales asignados al presupuesto de la Senatur, sin utilizar el bono.
“Este ejercicio implica cuantificar y reorientar los gastos que tiene actualmente dicha entidad en alquileres, para establecer condiciones convenientes y seguras a las partes, sobre todo, para proteger la funcionalidad del Estado y también proteger el patrimonio afectado”, señala el decreto.