Los ministros Dra. Gladys Ester Bareiro de Módica, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia y Dr. Antonio Fretes decidieron dar trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de empresas contra la ley que obliga a los proveedores del Estado a presentar declaración jurada de bienes para participar de las licitaciones.
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Conforme a la resolución de los magistrados, hasta que la acción de inconstitucionalidad planteada por las empresas sea resuelta, quedan suspendidos los efectos de dicha ley. “Que, analizando el escrito de presentación se constata que la parte accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite”, reza la resolución de la máxima instancia judicial.
Este es uno de los incidentes a los que la Sala Constitucional dio trámite entre las más de 70 acciones de inconstitucionalidad presentadas por las empresas que se oponen a presentar las declaraciones juradas, alegando que no pueden alcanzar a personas del ámbito privado.
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Se considera que por precedente, la misma disposición se establecerá para las firmas que plantearon la inconstitucionalidad.