Paraguay, entre los peores para combatir la corrupción

Paraguay figura entre los peores calificados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Nuestro país ocupa el puesto 12 de entre 15 que fueron analizados. La independencia judicial, la falta de trazabilidad del financiamiento político y los procesos de legislación son duramente cuestionados por los expertos internacionales. Destacan el trabajo de la sociedad civil y abogan por mayor transparencia.

Paralelamente a la intervención de la fiscalía, personal de blanco del Hospital de Clínicas se manifestó e incluso arrojó huevos a la sede del Ministerio de Salud para protestar por la falta de equipos de bioseguridad y la corrupción. Viceministro Julio Rolón consideró los “huevazos” una falta de respeto y pasó  pelota a Hacienda.
Manifestación contra corrupción en Clínicas. (Imagen referencial).Archivo, ABC Color

Paraguay ocupa el puesto 12 de 15 países evaluados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice CCC) 2020. El estudio fue realizado en conjunto por las organizaciones Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, y analizó tanto al sector público como al privado. ABC Color tuvo acceso exclusivo al análisis.

“En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir corrupción. Los países con una puntuación más alta se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados ​y castigados. La impunidad continua es más probable en países en el extremo inferior de la escala”, explican sus responsables.

El índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, academia, sociedad civil, medios y el sector privado. Para la edición 2020 se amplió la cobertura de Índice CCC de 8 a 15 países, que en conjunto representan casi el 95% del PIB de América Latina.

La ola está retrocediendo

El informe señala que la pandemia del coronavirus ha puesto a América Latina ante desafíos sin precedentes, incluso en sus esfuerzos para combatir la corrupción. “El momento de la pandemia también es particularmente preocupante. El COVID-19 está golpeando América Latina en un momento en que la ola anticorrupción que sacudió toda la región en los últimos años está perdiendo fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente”, alerta.

El informe recuerda que “la corrupción ha sido históricamente un obstáculo para América Latina, minando crecimiento, democracia y gobernanza y violando los derechos de millones”. Sin embargo, la región experimentó desde 2015 operaciones anticorrupción que derivaron a miembros de élites políticas y empresariales que antes eran tratadas como intocables.

“Estas importantes investigaciones surgieron al mismo tiempo no por coincidencia, sino porque fueron el resultado de cambios comunes, profundos y sistémicos. Los principales países latinoamericanos desarrollaron un entorno propicio por primera vez para combatir mejor la corrupción. Este entorno se basó en una variedad de elementos: desde tribunales más independientes y eficientes y agencias de aplicación de la ley para sistemas democráticos más fuertes y mejores periodismo de investigación”, recuerda el informe, aunque alerta que esa ola ha ido en retroceso.

Duramente aplazados

Los tres países mejor posicionados del estudio son Uruguay (7.78), Chile (6.57) y Costa Rica (6.43). Nuestro país obtuvo una calificación de 3,88 -de 10 posible- y quedó solo por delante de República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).

El estudio tomó en cuenta tres variables principales: la Capacidad Legal, Democracia e Instituciones Públicas y Sociedad Civil, Prensa y Sector Privado. Paraguay tuvo bajas calificaciones precisamente en las dos primeras variables.

En Capacidad Legal, nuestro país obtuvo una calificación de 3.62, mientras que en Democracia e Instituciones Públicas obtuvo un 3.66.

El índice de Capacidad Legal se subdivide en varios elementos como Independencia y eficiencia del sistema judicial y de las instituciones anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia gubernamental, nivel de experiencia y recursos para combatir los delitos de guantes blancos y otros más.

Precisamente, es en materia de Acceso a la Información Pública donde Paraguay tuvo una nota relativamente baja (4.75). Leandro Lima, analista de Control Risks para Brasil y el Cono Sur, destaca que nuestro país tuvo avances significativos en materia de transparencia, entre los que se destaca la ley de Acceso a la Información Pública.

“Sin embargo, Paraguay todavía lucha por hacer cumplir adecuadamente la legislación existente, ya que tanto el sistema político como el judicial sufren niveles significativos de corrupción sistémica y amiguismo.

“Otro tema se refiere a las capacidades insuficientes del Ministerio de Justicia en términos de recursos humanos y económicos para coordinar adecuadamente la implementación de los planes de acción relacionados con la transparencia”, puntualiza Lima.

En ese sentido, señala que el Estado debería fortalecer la participación de organizaciones locales de sociedad civil para monitorear la implementación de políticas de transparencia.

“Además, la legislación existente se puede mejorar mediante la armonización de diferentes marcos legales, la asignación de recursos adicionales a las agencias anticorrupción y también campañas de concientización para impulsar el escrutinio público sobre los problemas de transparencia”, agrega Lima.

Publicidad de las DD.JJ. será clave, dice

En ese sentido, Lima asegura que la publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios públicos –analizada ahora por la Corte Suprema– podría ser una herramienta clave para el control ciudadano.

“La publicidad de las declaraciones juradas de bienes ciertamente son un esfuerzo anticorrupción importante, ya que permitirían a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil identificar a las autoridades que se enriquecieron sospechosamente durante sus mandatos al comparar las declaraciones presentadas antes y después de asumir el cargo”, dijo.

“Es muy probable que este tipo de supervisión desaliente la corrupción entre los funcionarios de alto rango que tradicionalmente tienen mucho margen de maniobra para esquivar los requisitos de transparencia”, finalizó el analista internacional.

Corrupción en procesos de gobierno

En el segundo índice, Democracia e Instituciones Públicas, Paraguay obtuvo una nota general de 3.66. Varias de las subdivisiones de este apartado presentaron notas extremadamente bajas para nuestro país.

Uno de esos apartados, por ejemplo, es el de Calidad y exigibilidad de legislación de financiamiento de campañas, donde nuestro país obtuvo apenas un 3/10.

La nota más baja fue en el apartado de Procesos de Legislación y Gobierno, donde nuestro país obtuvo una calificación de 1,83.

Roberto Simon, director de políticas AS/COA, señaló a ABC que este punto en particular analiza lo que los presidentes tienen que hacer para aprobar su agenda en el Congreso y hasta qué punto la corrupción es parte del proceso. “El sistema de partidos de Paraguay no está muy fragmentado en comparación con otros países de la región, pero los partidos son débiles. La mayoría de ellos, incluidos el Colorado y Liberal, carecen de una base programática clara y no son muy transparentes. Bajo este escenario, es más probable que un presidente use medios corruptos para tratar con el Congreso”, dijo.

Partidización de la justicia

El informe señala que la debilidad del sistema legal se debe a que “prácticamente todas las instituciones judiciales permanecen fuertemente politizadas, con jueces seleccionados principalmente a lo largo de líneas partidarias”.

Viejos problemas

“Algunos de los problemas de Paraguay son bien conocidos. La magnitud de su economía ilícita –incluyendo contrabando, narcotráfico y lavado de dinero– plantea un desafío único para fortalecer sus instituciones en la lucha contra la corrupción”, dice el informe.

“Paraguay permanecerá bajo un intenso escrutinio por su papel como centro global para el lavado de dinero. El país ha estado implementando nueva legislación desde 2016, pero algunos se muestran escépticos sobre el progreso significativo en la aplicación”, agrega.

Los grupos criminales, un problema de atención

El informe señala la presencia de grupos criminales provenientes del Brasil como uno de los mayores problemas a tener en cuenta. “Hay informes de que los cárteles de la droga han penetrado en varias esferas del gobierno”, menciona.

En ese sentido, Roberto Simon señala que es imposible cuantificar la penetración del crimen organizado en la política y el aparato estatal, porque gran parte de eso está oculto. “Sin embargo, podemos analizar áreas específicas esenciales para la lucha contra la corrupción y, con base en la evidencia disponible, determinar cuán vulnerables son al crimen organizado”, agregó.

“Claramente, el crimen organizado es una amenaza directa a la independencia y eficiencia de los tribunales y las agencias anticorrupción. También está cada vez más presente en la política a través del financiamiento ilegal de campañas, el cabildeo y otras prácticas”, acotó.

Sin mayores novedades con Marito

“El presidente Mario Abdo Benítez llegó al poder en 2018 con la promesa de centrarse en la lucha contra la corrupción y las drogas tráfico, implicando que su predecesor (y colega del partido) Horacio Cartes carecía de voluntad política para actuar en estas áreas”, recuerda el informe.

“Sin embargo, no ha sucedido mucho en el espacio anticorrupción desde 2018”, cuestiona el documento.

Destacan a la sociedad civil

El índice en el que Paraguay obtuvo la mejor puntuación fue en Sociedad Civil y Sector privado, apartado en el que obtuvo una nota de 5.34.

“Una de las áreas más prometedoras para Paraguay es la sociedad civil, los medios de comunicación y la subcategoría del sector privado, donde puntúa por delante de países como Ecuador y Guatemala. Las ONG y la movilización a través de las redes sociales impulsaron el progreso relativo”, finaliza.

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