El senador Silvio “Beto” Ovelar había presentado un proyecto de ley para utilizar los fondos jubilatorios del IPS a fin de enfrentar la pandemia de COVID-19. Finalmente, tras protestas y reacciones ciudadanas, el mismo legislador retiró el planteamiento. En ese contexto, fue consultado el ministro de Hacienda, Benigno López, sobre la posición que asume al respecto la institución a su cargo. “La postura de Hacienda es lo que señala la Constitución: ellos (integrantes del Consejo de IPS) tienen que buscar una forma de invertir los recursos y no gastarlos y esa advertencia nosotros le hicimos al IPS”, señaló.
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Manifestó que el proyecto de ley no es del Poder Ejecutivo. “Hay un proyecto de IPS que presenta una fórmula para resolver el problema de hoy en el cual se cayó la recaudación de un 40% y que hace que necesite recursos para financiar el funcionamiento de IPS. Nos pidieron un informe a nosotros, nosotros hicimos un informe de algunos artículos del proyecto que creemos que son importantes y otros que son imposibles de incorporar", aseveró.
Con respecto a la deuda que tiene el Estado con IPS, de unos US$ 400 millones, respondió que hay una deuda histórica de hace 60 años. “Hemos hecho un pago importante con esta deuda, hemos reconocido la deuda, fuimos el primer gobierno que reconoce la deuda, hemos hecho un primer pago y estamos dispuestos a realizar pagos posteriores”, señaló.
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Dijo además que no cree posible que el uso de fondos jubilatorios se lleve adelante, aunque alegó que tampoco lo considera “un zarpazo” sino una salida financiera.
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Al ser abordado sobre la posibilidad de que el Estado siga pagando su deuda con el IPS para poder ayudarle con esta crisis, retrucó que “si fuera tan fácil”, ya lo habrían hecho pero insistió en que hay que buscar cómo financiar.
Asimismo habló del dinero de la ley de emergencia sanitaria por COVID-19 que ya fue utilizado. “Son 1.600 millones de dólares y unos créditos aprobados que son 390 millones de dólares, de esos se gastó 932 millones más 200 millones que fueron a fortalecer el Fogapi (Fondo de Garantía de mipymes). El resto todavía no se usó”, indicó.
¿Cómo invertir las reservas del IPS?
Al ser consultado sobre la posibilidad de vender los inmuebles del IPS para transferir el dinero a una institución gubernamental, respondió que no conoce esa intención, pero reconoció que hay un problema con los inmuebles que no generan ganancias pero sí sobrecostos.
“Uno de los déficit de salud es porque los activos que se recuperan van todos al fondo de jubilación y nada al fondo de salud y son también de salud. Te voy a ser sincero: yo no estoy de acuerdo en el uso de la reserva de IPS para otra cosa que no sea inversión”, ratificó.
En cuanto a que se realicen inversiones en entes financieros, manifestó que el IPS puede diversificar en bonos que cuenten con garantías del Estado.
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También fue abordado sobre el monto de dinero prestado a una telefónica señaló que esa transacción fue hecha por él y que es el tipo de operaciones que se debe hacer.
“Es hice yo, ya se devolvió el 100%, yo ya no estuve hasta el fin, pero vos como IPS tenés una cantidad de recursos a la vista, atendiendo que el sistema no puede absorber todos los recursos que tenés, en atención a que vos vas ampliando tu riesgo en cada banco, porque el banco sigue siendo del mismo tamaño, entonces lo que estaba a la vista que estaba alrededor del 1 o 2%, hicimos que rinda 5%, con una entidad que tiene garantía AAA porque la que garantizaba era el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Esa operación fue muy buena para IPS. Ese tipo de operaciones hay que hacer”, enfatizó.
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Es importante recordar que el problema actual del Instituto de Previsión Social (IPS) se debe a que disminuyó la recaudación atendiendo la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19 en el país, puesto que desde el 21 de marzo hasta el 3 de mayo se llevó a cabo el aislamiento total por lo que se paralizaron miles de empresas y negocios.
Asimismo, en atención al paro de actividades o el cierre total que debieron hacer algunos comercios, más de 90.000 contratos han sido suspendidos y cancelados, por lo que repercute directamente en el pago del seguro social, así como la dificultad de las patronales de cumplir con esta obligación.
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