Fiscalía imputa y dicta captura contra directivos de Imedic

El Ministerio Público presentó imputación contra Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, presidenta de Insumos Médicos SA; Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma firma, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de Aduanas. La sospecha de la Fiscalía se basa en la producción y uso -en asociación criminal- de facturas y guías aéreas falsas para la importación al país y la comercialización no autorizada de fármacos.

Fachada del local de Imedic.
Fachada del local de Imedic.Virgilio Vera

Esta mañana, los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme imputaron a Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, presidenta de Insumos Médicos SA (Imedic) –empresa proveedora del Estado–; Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma empresa, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de la Dirección Nacional de Aduanas.

En ese contexto, el fiscal Marcelo Pecci comentó a través de su cuenta oficial de Twitter que la decisión se basa en la sospecha suficiente respecto a la producción y uso –en asociación criminal– de facturas y guías aéreas falsas de cara a la importación de fármacos al país, para luego comercializarlos sin autorización.

Los agentes del Ministerio Público además dictaron orden de detención contra estas personas, para que guarden prisión preventiva.

Los fiscales del caso habían sido recusados por la defensa; no obstante, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, los confirmó nuevamente, según informaron desde el Ministerio Público.

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Antecedentes de Imedic

La multinacional Eurofarma había denunciado a Imedic, en abril pasado, por falsificación de facturas debido a que supuestamente la firma vinculada a Justo Ferreira hizo figurar delicados medicamentos oncológicos, que fueron importados desde la India o China, como si fueran de origen brasileño, con el objetivo de conseguir permisos.

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La denuncia fue hecha contra personas innominadas por varios hechos punibles a ser definidos, entre ellos producción de documentos no auténticos y adulteración de marca.

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Imedic además fue una de las dos empresas adjudicadas (junto a Eurotec, también del clan Ferreira) para la compra de los insumos médicos, en el marco de la contingencia de COVID-19, que llegaron en abril y fueron rechazados en gran parte por el Ministerio de Salud debido a que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas.

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Este contrato fue rescindido luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un informe que resalta una serie de irregularidades, apuntando a que el proceso estaba totalmente “viciado”. Para esta compra, el Estado dio un anticipo de G. 17.000 millones a ambas empresas, lo cual, según Contraloría, no se justifica.

Asimismo, según este informe, las firmas no presentaron la autorización del fabricante ni el certificado de registros sanitarios que debía ser otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

El caso más reciente hace referencia a los fármacos que Imedic vendió al Instituto de Previsión Social (IPS), entre los cuales se encuentran antibióticos, medicamentos para terapias hormonales y anticoagulantes que son utilizados para tratamientos de afecciones complejas. De este lote, un grupo de medicamentos serán incinerados -según la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)- debido a que no cumplen con la calidad requerida a pesar de que tenían certificación de esta misma institución.

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En ese contexto, también se inició una auditoría e investigación dentro de Dinavisa para tratar de averiguar cómo se otorgaron dichas certificaciones.

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