A partir de la fiscalización que se hizo a todos los importadores y distribuidores de combustibles, la Subsecretaría de Estado de Tributación encontró que las documentaciones que remitieron cuatro de estas empresas presentan inconsistencias. Se abrió un sumario a fin de determinar si efectivamente existió una evasión impositiva, informó a ABC Óscar Orué.

Las sospechas se fundamentan en que lo que declararon como combustible importado no concuerda con lo declarado como combustible vendido. De comprobarse estas irregularidades, en el ámbito administrativo se aplica una multa que va del 100% al 300% del monto evadido.

En tanto que si hay indicios de uso de facturas u otros documentos falsos, se puede hablar del hecho punible de defraudación al Estado, explicó el viceminsitro de Tributación. En este último caso los antecedentes se remiten al Ministerio Público que también se abra una causa penal.

En lo que va de este 2020, la institución ya denunció ante la Fiscalía unos 100 casos de presunta evasión y defraudación al Estado, agregó Orué.

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El titular de la SET explicó que las fiscalizaciones fue solicitada por el mismo gremio de importadores y expendedores tras un debate entre el Gobierno y este sector por cambios establecidos por el Ministerio de Hacienda por cambios de las reglas del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles, específicamente en el ámbito aduanero.