Tal como había anunciado en el caso de confirmarse la jugarreta de la Cámara Baja, el mandatario vetó totalmente el proyecto de Ley, que requerirá de mayoría absoluta de ambas cámaras en el caso de que quieran ratificarla. Si no se consiguen los números de votos suficientes para rechazar el veto, el proyecto deberá ser archivado por al menos un año.

“En una democracia constitucional recae sobre los gobernantes la obligación de promover valores como la publicidad, la transparencia, la responsabilidad y el combate de la corrupción. En este sentido, cualquier legislación contraria a estos fines y que pretenda morigerar las consecuencias jurídicas de las obligaciones previstas para los servidores públicos y dificultar la actuación de la justicia, resulta claramente incompatible con la Constitución de la República del Paraguay”, cuestiona el documento del veto.

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El proyecto de Ley fue bastante cuestionado por la ciudadanía, ya que una mayoría de Diputados de la Cámara Baja pretende anular la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia, que justamente por primera vez, ordenó a la Contraloría General de la República divulgar públicamente las declaraciones juradas de lo funcionarios públicos.

De quedar promulgada la ley, los funcionarios público podían falsear datos de sus DD.JJ., sin que esto implique una sanción penal, sino meramente administrativa.