La comitiva interviniente estuvo encabezada por el agente fiscal de la Unidad Especializada en Medio Ambiente, Carlos Rojas, y se constituyó en una propiedad que funcionaba como depósito del sanatorio, para constatar los ilícitos de tratamiento inadecuado de equipos antiguos, de procedimientos médicos y residuos patológicos, según mencionaron desde la Fiscalía.

La intervención se dio tras la denuncia de que en el depósito - que funciona al lado mismo del sanatorio - se hallaban partes de un tomógrafo en desuso, además de bolsas con residuos hospitalarios. Ante una posible alta radiación en el sitio, se convocó a los expertos para tomar muestras y determinar el impacto radiológico.

“Los responsables del sanatorio se exponen a la imputación por procesamiento ilícito de desechos que tiene un marco penal de 5 años de privación de libertad”, informaron desde el Ministerio Público.

Tras las mediciones se constató que no existe radiación y se tomaron registros del tomógrafo para determinar si la empresa que documentó el ingreso del equipo al país y también a sus propietarios. La Fiscalía ya convocó a los directivos del sanatorio para tomar las declaraciones pertinentes.