El efectivo militar Pablo Antonio Osorio, que prestaba servicio en un albergue para cuarentena de repatriados en Ciudad del Este, visitó entre el 15 y el 18 de mayo el distrito de San Roque González, donde visitó a familiares y participó de un velatorio.
La defensa del militar solicitó prisión domiciliaria durante la audiencia de imposición de medidas, pero el juez Hilario Bustos rechazó el pedido y decretó que el militar guarde prisión en Viñas Cue, según solicitó el fiscal Darío Villagra.
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El militar, de 31 años de edad, es sospechoso de ser el principal nexo del contagio masivo de COVID-19 que afectó hasta el momento a 68 personas en San Roque González, además de otras cinco personas en Carapeguá que tuvieron contacto con los familiares del militar, que también recibieron un diagnóstico positivo de la enfermedad.
También fueron imputados por violación de la cuarentena la viuda y el hijo de la persona a cuyo velatorio acudió el militar.