Imponen prisión domiciliaria a intendente de Katuete

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Intendente de Katuete, Julio César Brítez.
Intendente de Katuete, Julio César Brítez.

KATUETE, Canindeyú. El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, segundo turno de la capital, José Agustín Delmás Aguiar, impuso prisión domiciliaria al intendente Julio César Brítez Villagra, de la ciudad de Katuete, Canindeyú, luego de ordenar su captura y declarar su rebeldía, al no presentarse a la audiencia de imposición de medidas en una investigación por supuesto uso de software pirata.

El magistrado había fijado para el 22 de junio pasado la realización de la audiencia de imposición de medidas a la cual Brítez no asistió; tampoco justificó su ausencia. La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni, quien lleva adelante la investigación, solicitó inmediatamente la declaración de su rebeldía, entendiendo que el jefe comunal no tenía intenciones de someterse a la Justicia.

El juez Delmás Aguiar declaró la rebeldía y ordenó la captura de Brítez el mismo día en que se suspendió la audiencia señalada, determinación que forzó la presencia del imputado en el juzgado, donde finalmente se dispuso que el jefe comunal guarde prisión domiciliaria y se le prohibió salir del país, entre otras medidas.

Antecedentes

La causa está caratulada como “Édgar Silvio Kurth Benítez sobre violación del derecho de autor y derechos conexos (Delitos económicos) N° 567/2017″, en la que Julio César Brítez fue imputado, al constatarse varios elementos de sospecha sobre la utilización de un programa informático sin la autorización del propietario (Corporativa Digital Maidana Lovera SRL) en la institución municipal de Katuete.

El 18 de julio del año 2018, la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni allanó la municipalidad e incautó varias evidencias relacionadas con las pesquisas. En esa oportunidad, había ordenado la detención del intendente Brítez, luego de que este actuara con prepotencia tratando de impedir el ingreso a las dependencias comunales. El jefe comunal fue llevado hasta la sede de Delitos Económicos de Salto del Guairá, pero recuperó su libertad horas después.

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Simultáneamente fueron allanadas las municipalidades de Francisco Caballero Álvarez y Curuguaty, cuyas autoridades también están siendo sometidas a procesos judiciales en la misma causa.