Representantes legales de los nativos remitieron un relato a este diario en el que manifestaron las informaciones que recibieron desde la institución. Alegaron que el 24 de junio se mantuvo una reunión con técnicos de la Dirección de Bienes Inmobiliarios, quienes manifestaron que la ley de expropiación -para liberar las propiedades afectadas- adolece de tres errores.
Señalaron que, por ejemplo, se tiene irregularidades en la consignación del número de padrón de uno de los inmuebles objeto de la expropiación y que sería de propiedad de la Ganadera Vista Alegre SA. También, en cuanto al inmueble propiedad de Mago SA, otra estancia afectada, los trabajos técnicos realizados arrojan ubicaciones que no corresponden. El último “error” consiste en que en el artículo 2 de la ley se observa que entre los vértices 4 y 5 existe 14 km y 550 m, sin embargo, debería ser 4 km y 550 m.
“En este punto es bueno aclarar que el trazado aprobado por la ley de expropiación se basó en documentos elaborados por técnicos del Estado, además en el proceso de estudio y construcción del proyecto que ahora es ley. Se solicitaron informes sobre el trazado, la titularidad de los inmuebles a ser afectados, así como informes técnicos tanto a la SNC como a la DRP, INDI e incluso al mismo MOPC, los cuales en ningún momento manifestaron incongruencia alguna”, resalta el escrito.
Agrega que es el parecer del MOPC que la única forma de salvar los “errores” de la ley sería a través de una modificación de la misma, lo que conlleva todo el proceso para la aprobación de una ley.
“Se presentó una propuesta elaborada por los propietarios de la Vista Alegre SA, como forma de avanzar en la apertura del camino. Esta propuesta se basa no en la corrección de los supuestos errores de la Ley, sino en la modificación de todo el trazado que afecta a su establecimiento, propuesta que había sido discutida en las mesas de negociación a instancias de la PGR, realizadas infructuosamente durante los años 2018 y 2019”, indica.
El 17 de junio último se cumplieron 15 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado Paraguayo la restitución territorial a la comunidad indígena Yakye Axa, que hasta ahora no se cumple, según denunciaron líderes de los nativos.
Aunque el Estado ya adquirió una propiedad de 12.312 hectáreas, en el 2011, para que puedan instalarse allí, hasta ahora el MOPC no construyó el camino para que puedan acceder al terreno. Mientras tanto, los nativos viven en condiciones míseras al costado de la Ruta Pozo Colorado-Concepción.