En un operativo policial realizado a fines de enero de ese año fue detenida Rosa Brizuela, esposa del empresario Atilio “Tete” Gómez Buongermini, dueño de Vip Security. Ella llevaba armas de guerra sin documentación y fue quien denunció el vínculo entre “Tete” Gómez y Luis Rojas, a quien acusó de ser el responsable de parte del arsenal.
Rojas fue cambiando sus versiones respecto a su relación con “Tete”, pasando de no conocerlo a admitir que eran amigos hacía más de dos décadas, pero que desconocía sus actividades. Ahora, las declaraciones juradas hechas públicas revelan que existía un vínculo comercial entre ellos. En 2013 y 2014, el entonces ministro de la Senad declaró acciones en South Informer Consulting Group (SICG), cuyo responsable legal es Atilio Gómez Buongermini, según la web de Contrataciones Públicas. Es decir, “Tete” y Rojas eran socios en SICG al momento de la incautación del arsenal. Además, entre sus principales activos Luis Rojas declaró en 2013 poseer armas personales por un valor de G. 137.600.000, sin dejar de contar dos camionetas y un automóvil de buenas marcas y varios millones en su cuenta bancaria.
La maraña del proceso Vip Security incluyó una denuncia contra el primer fiscal del caso, Rogelio Ortúzar, quien fue sindicado por Rosa Brizuela de pedir supuestamente una coima de US$ 30.000 para reducir la imputación de tráfico de armas a portación de armas sin permiso.
Ortúzar fue apartado del caso y asumió la actual fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Ella benefició a la esposa de “Tete”, dejándola libre del proceso a cambio de que done balas a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). También dispuso la suspensión condicional del procedimiento para el empresario.
Gómez también tenía demandas de varios acreedores por estafa, por préstamos asumidos con Vip Security que no llegó a pagar. Esos acreedores acusaron a la Senad –a cargo de Rojas– de hacer desaparecer armas de la empresa de seguridad en supuestos allanamientos. Todo el caso terminó en oparei.