La jueza de Garantías Cynthia Lovera atendió el pedido de la defensa y otorgó al suboficial Arnaldo Andrés Báez la libertad ambulatoria, por compurgamiento de la pena mínima. El policía está procesado por supuesta coacción, un hecho punible cuya expectativa de pena es de hasta 2 años de cárcel o multa.

Con la resolución de la magistrada, el uniformado dejará el arresto domiciliario para cumplir las medidas sustitutivas ahora impuestas: prohibición de salir del país sin permiso del Juzgado, obligación de comparecer entre el 1 y 10 de cada mes, y obligación de presentarse para la audiencia preliminar, que debe ser fijada.

En el caso, el Ministerio Público solicitó al Juzgado el sobreseimiento definitivo del suboficial Báez, como también para su camarada Éver Benítez y el comisario Tomás Paredes Palma.

Suspendido por chicana

La audiencia preliminar para resolver si la causa se eleva a juicio oral estaba fijada para el 25 y 26 de junio, pero el oficial de Policía Guido Amarilla, acusado por coacción grave, recusó a la jueza Cynthia Lovera y logró suspender una vez más la diligencia. La Cámara de Apelación debe resolver la recusación para que pueda fijarse una nueva fecha.

Seguirá en prisión

El suboficial de Policía, Gustavo Florentín, único acusado por el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, seguirá preso. El miércoles último, la jueza Cynthia Lovera rechazó el pedido de revocatoria de la prisión, planteado por la defensa y ratificó la medida cautelar para el uniformado.

Los abogados defensores Víctor Estigarribia y Sandra Barrios argumentaron que una pericia aportó hechos nuevos que favorecerían a Florentín, quien dijo haber recibido amenazas de sus camaradas en el cuartel de la Agrupación Especializada.

Sin embargo, el fiscal Hernán Galeano se opuso a la liberación de Florentín y destacó que siguen latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación penal, pues el uniformado puede presionar a sus camaradas que deben declarar como testigos.

La magistrada concluyó que el peligro de fuga existe debido a que la expectativa de pena por homicidio doloso es de hasta 30 años.

Defensa busca instalar otra historia

Al rechazar el pedido de revocatoria de la prisión del único acusado por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana, la jueza Cynthia Lovera concluyó que las pruebas que intentó introducir la defensa del policía, en el caso del 31M, ya estaban en la carpeta fiscal y no aportan un hecho nuevo a la causa.

Al respecto, el abogado querellante Guillermo Duarte Cacavelos afirmó que la defensa busca desvirtuar la acusación del Ministerio Público con la aparición de un video de circuito cerrado difundido en medios de prensa y redes sociales, donde supuestamente la escena del crimen fue contaminada porque se ve a varias personas colocando una vainilla de escopeta, utilizada para asesinar a Quintana en el PLRA.