El Gobierno se aboca en convencer al Senado que le otorgue los recursos necesarios para lograr superar la crisis económica como consecuencia de la pandemia. Uno de los pilares para alcanzar ese objetivo es la construcción de viviendas sociales, mediante el Ministerio de Urbanismo.
El ministro Dany Durand defendió ayer su propuesta ante la Cámara Alta. Pidió US$ 40 millones para construir 6.000 viviendas sociales que ejecutará a través de la Ley N° 3637 del Fondo Nacional de las Viviendas (Fonavis). Se trata del programa que permite asignaciones directas a organizaciones sociales “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que a su vez contrata a constructoras sin control, tal como se da con las compras públicas hechas a través de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
Al respecto, el ministro argumentó su decisión al considerar que el Fonavis tiene la facilidad de realizar los procesos de forma más rápida, tal como lo requiere la crisis actual, ya que con una licitación se concretaría en un año debido a la burocracia que implica su trámite.
La senadora Blanca Ovelar aprovechó la ocasión y le consultó sobre al aumento del precio de las viviendas y disminución de la calidad de las mismas, que lo publicó ABC. Durand respondió que el ajuste del 18% es normal porque “antes el dólar estaba a G. 5.000 y ahora se encuentra a G. 6.500”, además hubo ajuste del salario mínimo, lo mismo se dio con los valores de los materiales.
Consultado al respecto, referentes de la construcción indicaron que el impacto del dólar es bajo ya que los materiales de esas viviendas son de producción nacional y el salario mínimo varió en 5%.
Además, la fijación del precio de las viviendas se divulgó antes de la pandemia, época en que la cotización del dólar se mantenía estable y de esta manera se mezclan parámetros en un intento de justificar las aparentes sobrecostos.
Por otra parte, informes del MUVH a los que accedió nuestro diario permiten visualizar que en la gestión a cargo de Durand figuran precios de materiales por el valor del mercado minorista, situación que no se ajusta al programa de viviendas sociales porque los adjudicados son responsables de construir varias casas y así la materia prima lo adquiere a un precio más favorable en el mercado.
De esta manera, Durand sigue sin responder el motivo por el cual 6.000 casas costarán G. 25.000 millones más, que los precios que figuraban hace dos años atrás en esta cartera, durante la gestión de Soledad Núñez.