Las empresas Imedic y Eurotec quedan inhabilitadas para trabajar con el Estado por 30 meses, según confirmó a ABC el titular de Contrataciones Públicas. Esta sanción impuesta a las citadas empresas es la más extensa aplicada por la institución a empresas proveedoras. “Siempre se tiene que analizar objetivamente el caso, se arrojó la tasación de los 30 meses de sanción, creo que es la sanción más extensa en 16 años de vida”, apuntó.

Por 30 meses las empresas no podrán ofertar, ni firmar contratos ni adendas, si ya tienen otros contratos establecidos. La sanción entrará en rigor luego de cinco días hábiles desde la notificación de la resolución. “A partir del quinto día de notificada la resolución se aplica los 30 meses de suspensión”, expresó Seitz.

Las firmas aún tienen la posibilidad de presentar una reconsideración, pero este recurso debe ser presentada ante la DNCP.

La sanción impuesta a ambas empresas está basada en el incumplimiento de contratos con el Ministerio de Salud y otros elementos detectados en ese mismo proceso como la presentación de empresas vinculadas en el mismo proceso de licitación, la oferta y la entregada de insumos para la salud que no contaban con la autorización de Dinavisa.

Seitz, también mencionó que durante las investigaciones relacionadas a los procesos de licitación que involucra a las mencionadas firmas y el Ministerio de Salud, se obtuvo datos que fueron remitidos a las instituciones pertinentes. “Fuimos remitiendo la información a distintas instituciones públicas para que se analicen las conductas de todos los funcionarios involucrados”, señaló.

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Imedic y Eurotec son las empresas vinculadas a las compras fallidas de insumos del Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus.

Existe una causa fiscal abierta que surgió luego de que el Ministerio de Salud rechazara un gran lote de insumos proveídos por las empresas para equipar los hospitales en el marco de la lucha contra el nuevo coronavirus.

Luego de ese rechazo parcial, debido a que los insumos no cumplían las especificaciones técnicas que figuraban en el contrato, la Contraloría General de la República inició un análisis exhaustivo de todo el proceso de licitación y concluyó que se encontraba completamente “viciado” en todas sus etapas.

La CGR recomendó incluso abrir una investigación en contra de varios funcionarios. En consecuencia, el Ministerio de Salud rechazó todos los insumos e inició el proceso de rescisión del contrato. Al mismo tiempo, se inició una investigación fiscal y un sumario administrativo en contra de 12 funcionarios de Salud.

También la Seprelad, encaró un serie de investigaciones sobre la adjudicación al clan Ferreira para la compra de insumos para la pandemia por parte del Ministerio de Salud y según su titular, Carlos Arregui, se encontraron varias “cosas llamativas”.