LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) realizó desde junio del año 2019 varias intervenciones en la compañía Ykua Karanda’y controlando las condiciones en las que operan los mataderos. En enero de este año los fiscalizadores intervinieron el local J&M, propiedad de Marta Maidana.
En el establecimiento dedicado a la faena de caballos y burros constataron que operaba sin tener en cuenta criterios ambientales, de acuerdo a lo indicado entonces por los técnicos del Mades.
En el predio fueron hallados cueros esparcidos a cielo abierto, gran cantidad de huesos acumulados, menudencias y un horno repleto de restos óseos de animales que estaban agusanados y preparados para ser incinerados.
Los fiscalizadores observaron también que los desechos líquidos eran descargados directamente en el arroyo “Paso Carreta” que cruza detrás del matadero.
En mayo, el Mades comunicó que instruyó sumario administrativo por “inadecuado manejo de los residuos sólidos”. Esta tarea, a cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica, tiene como fin determinar si el matadero amerita sanción pecuniaria (multa) o suspensión con cancelación de la declaración de impacto ambiental de la empresa.
Ese mismo mes, el Mades concluyó el sumario y ordenó la suspensión temporal de la Declaración de Impacto Ambiental del matadero que cesó de forma preventiva las actividades dentro del establecimiento.
La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio había solicitado informes técnicos a las diferentes direcciones del Mades y tras analizarlos concluyó que la faena se llevaba a cabo “sin reunir los requisitos ambientales exigidos para el efecto”.
Sin embargo, el director de Higiene y Salubridad de la Municipalidad de Luque, Pedro González, dijo que Marta Maidana presentó una nueva habilitación otorgada por el Mades. “Tienen permiso para trabajar, pero no están operando porque están invirtiendo para mejorar el lugar”, señaló el funcionario.
Vecinos del lugar denunciaron que la faena en el establecimiento “nunca cesó, pese a las prohibiciones”. Nuestras fuentes aseguraron que el Mades no comunicó el hecho a la Fiscalía de Delitos Ambientales para una posterior intervención.
Intentamos hablar sobre el tema con el fiscal Augusto Salas y no contestó nuestras llamadas telefónicas.
También procuramos comunicarnos con el titular de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), Julio Marecos, pero tenía el teléfono apagado.