El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea, condenado a cuatro años de prisión por corrupción, dijo tener una vida cuasi franciscana en las declaraciones juradas de bienes que presentó ante la institución que estuvo a su cargo durante cinco años.
En 2019 fue condenado por lesión de confianza.
Cuando ingresó a la institución, en 2010, aseguró tener un patrimonio de apenas G. 125 millones.
No tenía inmuebles ni dinero en cuenta bancaria alguna. Hizo figurar un solo vehículo, de la marca Kia Capital de 1992. Su mayor activo eran acciones por G. 70 millones en la firma Agroganadera e Inmobiliaria Sofía Juliana SA.
En la empresa tenía como socio comercial al entonces senador Jorge Oviedo Matto, su correligionario en el partido Unace.
También figuraban como directivos Paola Karina Torales Belotto y el padre del exsenador, Lidio Oviedo Moreno.
En sus declaraciones juradas, Velázquez Gadea no hizo constar nunca inmueble o animal alguno.
Sin embargo, su agroganadera era propietaria de una estancia de más de 5.000 hectáreas ubicadas en la zona de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, una de las más requeridas para el negocio ganadero.
En 2017, la empresa de Velázquez Gadea y Oviedo Matto presentó ante la Secretaría del Ambiente, hoy Ministerio del Ambiente, una solicitud de licencia ambiental para un proyecto de uso de la tierra en un sistema silvopastoril y producción de carbón vegetal.
En esos documentos constan que la firma declaró un inmueble con una superficie total de 5.529,7 hectáreas.
Aseguran declararse al rubro ganadero y poseer seis hornos móviles para la producción de carbón.
Estando en el cargo
Según registros comerciales, Agroganadera e Inmobiliaria Sofía Juliana SA fue creada en marzo de 2012. Velázquez Gadea llevaba ya entonces casi dos años en el cargo y violó abiertamente la Constitución Nacional puesto que el contralor general no podía dedicarse al comercio. La situación fue denunciada ya entonces por los medios de comunicación, sin embargo la clase política hizo la vista gorda.
Socio de alguien a quien debía investigar
De acuerdo a publicaciones del diario ABC Color de 2013, Lidio Oviedo Moreno era también accionista de la empresa San Agustín SACI, firma que vendió tierras sobrefacturadas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), durante el gobierno de Federico Franco.
El Indert, entonces a cargo de Ignacio Ortigoza (PLRA), ordenó el pago de casi G. 47.000 millones, en día de asueto oficial, por una propiedad ubicada en Cordillera, y cuyo costo final estuvo pautado en G. 60.294 millones.
Cuando los medios comenzaron a publicar este hecho, el entonces contralor Velázquez Gadea anunció que investigaría el negociado. Sin embargo, estaba anunciando básicamente que abriría una investigación sobre un caso que terminó beneficiando a uno de sus socios comerciales.