CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La audiencia fue programada para hoy a las 08:00 y será llevada a cabo de forma virtual, como medida para mantener el distanciamiento físico establecido. Además del acusado diputado liberal Portillo, la abogada Lucía Escobar, coimputada en el caso, fue citada para la diligencia.
La audiencia preliminar de uno de los legisladores que representa al Alto Paraná fue convocada en medio de fuertes versiones de posible blanqueo, considerando principalmente el historial de la jueza Garcete, quien en su “currículum” acumula favores a políticos procesados por hechos de corrupción. Últimamente, por ejemplo, al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa, la exintendente de esta ciudad, Sandra McLeod, ambos colorados cartistas.
Previamente, la magistrada había rechazado los puntos de pericia propuestos por la fiscala Liliana Alcaraz para la extracción de datos de teléfonos celulares. Pero la Fiscalía recurrió a apelaciones y logró revocar la decisión de la jueza Garcete para reponer los puntos de examen.
Luego de 3 años de ocurrir las comunicaciones telefónicas entre Portillo y la testigo Auda Fleitas, finalmente el 8 de junio último los peritos del Ministerio Público revisaron los aparatos telefónicos y no encontraron informaciones relevantes para la investigación, ya que los datos aparentemente ya fueron borrados. No obstante, la fiscala Alcaraz ofreció otras evidencias que comprometen al diputado, como el cruce de llamadas, declaración de testigos, entre otros.
“Blanqueo” al clan ZI
La jueza Garcete tiene historial de resoluciones favorables a políticos. Había archivado dos denuncias por usurpación de funciones contra el senador Zacarías Irún, también rechazó el pedido de prisión de este legislador cartista y luego blanqueó a McLeod en el caso Frontera Producciones.
Según los antecedentes, el 9 de enero de 2018, Portillo fue imputado por la fiscala Alcaraz tras la divulgación de audios filtrados por radio ABC Cardinal 730 AM, que evidenciaron que el legislador habría pedido una “coima” de US$ 3.000 a Auda Fleitas (investigada por supuesta estafa) para conseguir una resolución judicial favorable en la Cámara de Apelaciones, conformada en aquel entonces por Aniceto Amarilla, Isidro González y Mirian Meza de López.