El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto N° 3826 por el cual autoriza al Ministerio de Hacienda a iniciar las gestiones para el financiamiento del “Proyecto de Actualización del Censo Nacional de Población y Viviendas como Apoyo al Desarrollo del Sistema Estadístico en el Paraguay”, a cargo de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), registrado con el Código SNIP N° 869, del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Se trata del octavo censo de población y vivienda que se hará en Paraguay.
El considerando del Decreto señala “que conforme con el marco reglamentario vigente en materia de crédito y deuda pública, la negociación del crédito público será realizada por Hacienda, conjuntamente con los organismos del Estado”.
El Gobierno informó el pasado 3 de julio, que el Censo 2022 demandará una inversión de 43 millones de dólares en los cinco años de duración. El titular de la DGEEC, Iván Ojeda, informó que el proyecto del Censo 2022 tendrá una duración de cinco años y agregó que actualmente se encuentra en pleno proceso de ejecución el diseño del formulario y la metodología necesarios “para que sea un éxito”.
Informó que unos 210.000 voluntarios recorrerán las viviendas en todo el país para el operativo, lo cual se hará en agosto del 2022.
A fines de mayo pasado, el presidente Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3620, por el que autorizó la realización del Censo 2022.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, recordó que el censo es una herramienta esencial para impulsar cualquier política de Estado, ya que permite determinar las acciones a futuro.
El censo es una herramienta para el diagnóstico de la realidad social y demográfica nacional y, por ende, para la elaboración de políticas públicas sustanciales.
Papelón en el 2012
El último censo de 2012 (Gobierno del presidente Federico Franco, PLRA) no se llegó a cubrir en un 100% de lo estimado, por diversos problemas de logística, cese de pago a censistas, retención de máquinas utilizadas para la recolección de datos, entre otras dificultades que finalmente incidieron en una cobertura inferior al 80%.
En esa oportunidad, se recurrió a un préstamo de US$ 12,5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida local de US$ 5 millones para completar el programa con un costo total de US$ 17 millones.