La primera objeción que realiza la Contraloría al Consejo de la Magistratura (CM) tiene que ver con la “emisión de órdenes de pago sin fecha” como la realizada a Intercontinental de Seguros y Reaseguros en concepto de primas y gastos de seguro por G. 17.499.996 y también el desembolso realizado a favor de Jobs SRL, en concepto de asesorías e investigaciones por G. 22.500.000.
El segundo ítem objetado por la Contraloría es por “el pago de póliza de seguro por una camioneta descompuesta y en situación de ser dada de baja en el ejercicio fiscal 2019”.
Sobre este punto, la Contraloría señala que el CM ha tomado conocimiento del estado en que se encontraba la camioneta y que no fue considerado el pedido del jefe de Trasporte de dar de baja el rodado, que a pesar de estas circunstancias ha procedido la institución al pago del seguro (por G. 17.499.996), considerando, además, que la camioneta al momento de la verificación no se encontraba en la sede del Consejo.
El tercer punto objetado es por la “inadecuada planificación en el llamado de contratación directa N° 2/2019 para el servicio de evaluación psicotécnica de postulantes”.
La firma contratada para la evaluación fue Jobs SRL y según la adjudicación el monto mínimo para pagar era de G. 63.750.000 y el monto máximo G. 127.500.000. La cantidad mínima de personas a ser evaluada es de 85 y la máxima de 170, siendo el precio unitario a pagar G. 750.000.
Sin embargo, los tests fueron aplicados en forma presencial a solamente 30 personas y se pagaron G. 22.500.000.
Sobre los tests se puede agregar que los mismos fueron aplicados de forma innecesaria, ya que se trataba de evaluaciones para puestos laborales que nada tenían que ver con los cargos como ministros de la Corte o fiscal general del Estado. Actualmente, estas pruebas ya no se realizan, justamente por su inidoneidad.
El cuarto punto cuestionado por la Contraloría son los “libros no rubricados por el titular o responsable”. Cada automotor del sector público debe contar en todo momento, con un libro foliado y rubricado por el titular o responsable de la institución, en el que deben constar las órdenes de trabajo, kilometrajes de salida y de llegada, destino, entre otros datos.
El quinto cuestionamiento es por la “deficiencia del control interno en el llenado de los libros (registros de órdenes de trabajo), y la sexta objeción es porque los “vehículos se encuentran sin identificación del RASP y número de móvil correspondiente”.
El actual presidente del Consejo de la Magistratura es el diputado colorado oficialista Roberto Eudez González. Recientemente, hizo el rekutu para el periodo 2020-2021. Anteriormente, había sido electo para el ejercicio 2019-2020.