Pobladores de San Antonio salieron a la calle para exigir la intervención de la municipalidad

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Higinio Ruiz Díaz

SAN ANTONIO. Pobladores de esta ciudad se manifestaron esta noche para exigir la intervención de la administración del procesado intendente, Raúl Mendoza (liberal llanista) y repudiaron la actitud de los diputados que evitaron la conformación de la comisión especial para analizar la intervención.

Los lugareños se juntaron al costado de la plaza Central, frente a la municipalidad y desde allí iniciaron una caravana, que primero pasó por la casa de la exesposa del jefe comunal y luego hasta el barrio Cándida Achucarro, donde vive actualmente Mendoza.

Unos 60 vehículos participaron de la marcha, denominada, “contra la corrupción” y con cánticos y pancartas exigieron la intervención de la administración de Mendoza, quien fue acusado por la fiscalía por supuesto daño patrimonial de unos G. 715 millones, correspondiente al primer periodo (2010-2015).

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“Con toda esta gente que salió se demuestra que ya está cansada de tanta injusticia e impunidad y exigimos a los diputados que autorice la intervención y así esclarecer el destino que tomó la plata del pueblo, porqué acá no existe persecución política, solo se pide justicia y buen uso del dinero público”, expresó el concejal independiente, Ramón Palacios.

Dijo que la junta rechazó todos los balances del ejecutivo en estos cinco años, por falta de documentos respaldatorios y que existen serios indicios de sobrefacturaciones en varias obras en este segundo periodo se decidió solicitar la intervención.

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Agregó que el intendente incurrió en mal desempeño de funciones, debido a que se negaba a entregar las documentos respaldotorios y la mayoría de las obras fueron ejecutadas sin la autorización de la mayoría de los ediles y mediante contrataciones directas.

El 18 de julio pasado la fiscal, María José Pérez , presentó acusación contra el jefe comunal por el supuesto delito de lesión de confianza y daño patrimonial de unos G. 715 millones de guaraníes, de los fondos de royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

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