El ministro Manuel Ramírez Candia abrió la discusión al leer parte de un dictamen elaborado por el ministro Antonio Fretes, mediante el cual recomienda la supresión del Consejo de Administración Judicial y adelantó su voto a favor de dicha postura. La duplicación de funciones que ya preexisten, el aumento de la burocracia, dilaciones innecesarias y el alto costo de su funcionamiento son los motivos expuestos.
“Consejo de privilegiados”
“En el aspecto económico tiene más de 24 funcionarios, con un salario importante y recordarán ustedes que el año pasado, durante la presidencia del Dr. Jiménez se recortaron los salarios importantes de estos consejeros, que realmente llegaban a ganar 43% más que un magistrado judicial, lo cual lo convierte en una especie de consejo de privilegiados del Poder Judicial, además de tener otros aportes en su remuneración”, destacó Ramírez, tras recordar que el año pasado, durante la gestión de Eugenio Jiménez Rolón, se redujo la remuneración de sus miembros.
El Dr. César Garay estuvo de acuerdo con Ramírez, Luis María Benítez Riera abogó por su importancia y, finalmente, a instancias de César Diesel y María Carolina Llanes, que sugirieron redefinir sus funciones para delegar cuestiones que hacen al área administrativa, se decidió postergar el estudio. A petición de Gladys Bareiro, la cuestión se estudiará en una sesión extraordinaria, a realizarse en 15 días.
También ayer, la Corte por mayoría designó a Verónica Velázquez de Ocampos como miembro del Tribunal en lo civil y comercial, 3ª sala. Lo ministros Antonio Fretes, César Diesel y Eugenio Jiménez votaron por la jueza en lo civil y comercial Judit Gauto y el tercer integrante de la terna, el actual camarista Carlos Escobar Espínola no tuvo ningún voto.
Asimismo, se amplió la suspensión de actividades en Alto Paraná hasta el 19 de agosto, por casos de covid-19.
Presupuesto 2021, sin aumentos
La Corte Suprema de Justicia aprobó ayer el proyecto de presupuesto 2021 a ser remitido al Congreso para su estudio y aprobación. La propuesta fue estructurada sobre una base de G. 1,4 billones. El presidente Alberto Martínez Simón precisó que el objetivo es continuar con la política de reducción y control de la calidad de gasto público, sin aumentar salarios, al tiempo de priorizar la inversión en los temas que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano.