El informe fue presentado en una conferencia de prensa virtual por los viceministros Humberto Colmán, de Economía; Óscar Llamosas, de Administración Financiera; y la directora de Política Macrofiscal, Viviana Casco.
El déficit acumulado a julio, del 2,8% del PIB (US$ 963,6 millones), se explica principalmente por las respuestas de política económica para atender a los sectores más afectados por el cese de actividades durante el periodo de cuarentena, dijeron las autoridades.
En lo que respecta al resultado operativo (ingresos menos gastos, sin incluir la inversión), el informe menciona un déficit de 1,3% (US$ 460,2 millones), que de acuerdo con las estadísticas esa situación se viene produciendo desde marzo.
El resultado operativo negativo implica que el Estado ya no tiene margen de maniobras con los recursos genuinos y debe recurrir a deudas para hacer frente a sus compromisos, incluyendo los vencimientos de la deuda pública.
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Con ese panorama, el déficit anualizado (doce meses) se situó en 4,9% del PIB (US$ 1.781,1 millones), lo que marca de alguna manera la tendencia de cómo estaría cerrando a fin de año.
Según las proyecciones de Hacienda, en diciembre el saldo rojo alcanzaría el 7,2% del PIB (US$ 2.617,2 millones) debido al nivel de endeudamiento asumido en la crisis por coronavirus y con los nuevos a ser contraídos a través del plan de recuperación económica.
En el referido plan, según el viceministro Colmán, se plantearía al Congreso la aprobación de una nueva deuda por US$ 350 millones para financiar programas que no tienen aún fondos.
La deuda pública a junio suma US$ 10.871,4 millones, lo que equivale a 30,7% del PIB, tope manejable para nuestro país, pero la perspectiva es que al cierre del ejercicio alcance el 34,5% del PIB (US$ 12.553 millones).
Ingresos y gastos
El informe explica que los ingresos, a pesar de una mejora paulatina mensual, tienen una contracción del 12,2% y la caída de la recaudación, comparando con la prevista inicialmente sin la pandemia, llega a los US$ 445 millones.
Dentro del ingreso total, la recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cayó 15,1%, mientras que la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) fue 12% menos.
En cuanto al gasto, crece 10,8% debido al impacto del aumento del año pasado para docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mientras que la suba prevista para este año se suspendió por la pandemia. Así también, influyeron los reajustes salariales en las fuerzas públicas por la variación del sueldo mínimo, el pago de bonificaciones al personal de salud, que representan unos US$ 17,9 millones, y las contrataciones de personal para atender las necesidades causadas por el covid-19.
También se agrega, señala el informe de Hacienda, las prestaciones sociales (Tekoporã, Ñangareko, Pytyvõ y para los adultos mayores), así como el pago de los intereses de la deuda pública, para el cual se utilizaron US$ 74 millones de los fondos de emergencia sanitaria en los últimos cuatro meses.
Las inversiones públicas, por su parte, crecieron un 26,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, aunque el anualizado revela una caída del 20,5%.
Las explicaciones de las autoridades refieren que aquello se debe a que se redujo el ritmo de las obras por una menor disponibilidad de recursos, ya que todavía no se desembolsó el segundo tramo del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este desembolso de US$ 150 millones está atado a la aprobación de tres proyectos de leyes que están en el Congreso. El informe indica que del total de inversiones realizadas a julio, el 82% corresponde al MOPC, un nivel récord de ejecución.
Financiación de obras
Hasta el mes de julio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó inversiones en infraestructura por US$ 413,8 millones, lo que implica un aumento de 42,6% en relación con el mismo periodo del año pasado, según el informe de situación financiera presentado por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con ese informe, los fondos utilizados para realizar las obras provienen de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 224,1 millones; de la CAF, por US$ 34,2 millones; de los bonos locales, por US$ 1,9 millones; del Fonacide, US$ 24,9 millones; bonos soberanos por US$ 64 millones y otros financiamientos por un total de US$ 64,7 millones.