La primera denuncia penal había sido presentada por el ingeniero Herman Pankow, en mayo de 2018, contra el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por lesión de confianza en el marco del proyecto metrobús.
Asimismo, se incluyó al exjefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. La denuncia fue ampliada en dos ocasiones y se agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la obra).
Asimismo, en enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por el presunta lesión de confianza y estafa, por el perjuicio que causó dicho fallido plan. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow, que tampoco tuvo avance.
“La fiscalía tiene una denuncia desde mayo de 2018 y ni siquiera remitió la causa al juez de Garantías, algo que el código procesal penal en su artículo 290 ordena y que debía hacerse en seis horas, pero lleva dos años y tres meses cajoneando”, expresó Pankow ayer a nuestro diario y dijo que habría impunidad con la “operación cicatriz”, tras la alianza del presidente Mario Abdo Benítez con el exmandatario Horacio Cartes.
Agregó que la Fiscalía “tenía que haber imputado para iniciar la investigación”, porque así manda el artículo 302 del código procesal penal, ante suficientes elementos de sospecha. “No hay delito más evidente y conocido por toda la población que la lesión de confianza en la causa del metrobús”, indicó.
El ingeniero señaló que la Fiscalía además violó la Ley 4.685 (que modificó en el 2012 el artículo 57 del código procesal penal), ya que reconfirmó a la fiscal original de la causa, Natalia Silva, quien fue recusada por no investigar en todo este tiempo.
“Dicha ley indica que un juez de Garantías es quien debe resolver recusaciones de fiscales, como última instancia, y no la fiscala general (Sandra Quiñónez) como quieren hacer creer”, expresó.
Pero tras una impugnación de esa decisión de Fiscalía, el caso pasó a manos de la fiscala Esmilda Álvarez, quien evitó ayer responder las consultas sobre las pesquisas, a pesar de las insistencias.
Solo el fiscal Alcides Corbalán (interino del caso el año pasado) llamó a declarar al denunciante en octubre de 2019. A su turno, Buzarquis resaltó que no ve voluntad alguna del Ministerio Público en investigar la causa del metrobús, pese a que afectó a miles de compatriotas.
También dijo que la “operación cicatriz” es un “pacto de impunidad” y que eso es evidente viendo el tratamiento que se da a la carpeta fiscal en cuestión.
Millonarios pagos por una obra inexistente
El MOPC adjudicó los trabajos del metrobús (tramos 2 y 3) a Mota Engil en febrero de 2016, por US$ 54 millones (G. 300.417 millones), pero se incrementó casi 35% vía adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). Terminó cobrando en total US$ 30 millones y la obra avanzó apenas cerca del 30%. De acuerdo con el informe de la Comisión Bicameral del Metrobús, tanto el exministro Ramón Jiménez Gaona, como el ministro Arnoldo Wiens, autorizaron millonarios pagos a la empresa portuguesa. Mota Engil quiere cobrar otros US$ 25 millones, lo cual está reclamando en un arbitraje internacional con sede en Asunción, donde también ya se tuvo un revés, ya que el Tribunal pidió al MOPC a que desista de las pólizas de la fallida obra.