La fiscala Esmilda Álvarez imputó a Olga María Paredes Brítez, Fernando Cáceres y Ramona Mabel Cantero por presunta frustración de la ejecución y persecución penal; y a Efraín Alegre (hijo) y Stiben Patrón por presunta alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos. Solicitó medidas alternativas a la prisión para los imputados.

“Estos tipos penales corresponden a la conducta desplegada por estas personas, en la madrugada que ocurrió la muerte de Rodrigo Quintana, inmediatamente después del disparo que el mismo recibió y antes que el Ministerio Público se constituya en el lugar de los hechos”, explicó Álvarez.

Añadió que los indicios que sustentan la imputación están basados en un estudio detallado de las imágenes que la Fiscalía colectó del local del PLRA, luego del asesinato del joven liberal.

Imágenes “contundentes”

La agente fiscal se refirió a la conducta de Patrón y Alegre Irún e indicó que las imágenes son determinantes, ya que se los ve moviendo equipos informáticos de un lugar a otro, poco después de que se haya registrado el asesinato de Quintana dentro del local partidario.

La fiscala aseguró que el hecho “es una evidente manipulación y modificación de una escena del crimen”, ya que tras el crimen del joven se cambiaron de lugar algunos casquillos y otros fueron reemplazados.

Supuesta contaminación

Según la investigación de la Fiscalía, en la madrugada del 1 de abril de 2017, los imputados, acompañados de otras personas no identificadas, habrían alterado y modificado las evidencias que se encontraban en el local del PLRA, donde fue asesinado Rodrigo Quintana, como así también, y luego supuestamente intentaron inutilizar datos almacenados magnéticamente en las CPU con las que son visualizados en las imágenes analizadas del circuito cerrado.

Atendiendo la hora, estos hechos habrían ocurrido con posterioridad a la muerte del joven dirigente, y, según la investigación, el objetivo fue impedir el acceso a la información contenida en las mismas, en el lugar donde ocurrió el homicidio doloso.

Todos los imputados serán convocados para la próxima semana, a fin de prestar declaración indagatoria ante la fiscal Esmilda Álvarez.

Preliminar sigue pendiente

A más de tres años del atropello al local del PLRA y el crimen de Rodrigo Quintana, hasta la fecha no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar para el suboficial Gustavo Florentín, único acusado por la muerte del joven.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, asesor de la familia de la víctima, ratifica que la Fiscalía debe presentar una nueva acusación, identificando quién ordenó a la Policía el operativo en la sede partidaria, y que enfrente juicio oral junto al agente que disparó la bala que mató al joven, el 1 de abril de 2017.