Más de un centenar de personas se concentraron esta mañana en la plaza ubicada frente al Congreso y montaron un improvisado escenario, con altoparlantes, para “alzar la voz” de apoyo a la gestión del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, poco antes de que mantenga una reunión con responsables de la comisión asesora de obras, servicios públicos y comunicaciones de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Ibarra. Todo esto sin cumplir las recomendaciones sanitarias de distanciamiento para evitar contagios masivos de coronavirus.
Gilberto Cáceres, representante de la Coordinadora Nacional de los Sin Techos, indicó que el sector defiende lo establecido en la Ley N° 3.637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) y pidió presupuesto para 25.000 viviendas para este y el año que viene. “No vamos a permitir que ese programa sea manoseado porque está dirigido para los sintechos y por eso defendemos”, manifestó.
La normativa permite que el Ministerio de Urbanismo realice designaciones directas a Servicios de Asistencia Técnica (SAT), sin concurso, y estos a su vez elijan las constructoras que se encargarán de edificar las viviendas sociales. Las firmas reciben transferencias directas del rubro 800, sin concurso libre y transparente, con control ciudadano, tal como se da con la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas.
Consultado al respecto, Cáceres respondió que el Fonavis se diferencia de las demás compras públicas en que se trata de un subsidio dirigido a las personas para la construcción de viviendas, no para la adquisición de un bien. “El subsidio es individual, la gente en los asentamientos se registran y el apoyo del Estado es en un 95%, mientras que el resto paga el beneficiario. El monto del aporte estatal es lo que recibe el SAT y se encarga de la construcción”, dijo. En cuanto a la transparencia, considera que la mayor garantía son los beneficiarios, quienes son los principales interesados en contar con su vivienda.
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De esta manera, confirma que las organizaciones realizan las gestiones y designan las constructoras sin que exista una apertura para la participación de las empresas, que es el principal cuestionamiento de la Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco).
El gremio pide que los US$ 40 millones del plan de reactivación económica sean ejecutados vía licitación pública. Además, apuntó al manejo discrecional del programa, que permite selección “a dedo” de las organizaciones adjudicadas con los proyectos y las constructoras encargas.
ABC accedió a informes oficiales de las cartera estatal y constató que el esquema permite subcontratar a firmas vinculadas entre sí, como lo fue con Cedes/Hábitat, representado por Emma Gill, y Altec SA, representado por Carlos Ramírez. Incluso, un ex jefe policial, Óscar Felipe Barboza, destituido al verse implicado en un intento de “repartija” de botín de un millonario asalto, figura entre los adjudicatarios del Estado.
También se detectó que una firma vinculada a un político colorado está entre las designadas para las gestiones con recursos públicos, así como también se denunció que Durand incumplió su promesa de no adjudicar nunca a la Fundación Atlántica tras constarse que está estrechamente vinculada a un exfuncionario de su confianza, José Correa.
El ministro Dany Durand evitó responder los cuestionamientos y más bien se mostró preocupado por identificar al “Judas” de su institución. Cabe recordar que las informaciones fueron obtenidas tras ser solicitadas por el portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente N° 32.734.4